Emilio Cortés Bechiarelli, reconocido y prestigioso catedrático de Derecho Penal, será quien defienda los intereses del Cádiz y las responsabilidades que se puedan deparar de las investigaciones de la Operación Líbero en la que, como se sabe, están implicados desde el consejero del club, Quique Pina, hasta empleados como el director deportivo, Juan Carlos Cordero, y el gerente deportivo, David Navarro, entre otros. Como se recordará Pina estuvo 14 días en prisión preventiva y está acusado de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Juan Carlos Cordero y Navarro fueron llamados a declarar y están siendo investigados por la Audiencia Nacional. La operación, que instruye el juez José de la Mata, provocó sendos registros en las oficinas del club en Carranza y en El Rosal, donde los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económico y Fiscal de la Policía) requisaron todos los contratos de jugadores de las dos últimas temporadas y las informaciones de los ordenadores del director y gerente deportivo, respectivamente.

Desde el primer momento, Manuel Vizcaíno hizo hincapié en que, según las declaraciones de los propios agentes de la UDEF, el Cádiz no estaba siendo investigado, pero sí personas muy vinculadas a él. Vizcaíno siempre ha destacado que la institución es totalmente ajena a la Operación Líbero gracias "a nuestra independencia que nos da credibilidad y transparencia". En tal sentido, el Consejo de Administración cadista decidió retirarle a Quique Pina -tras su ingreso en prisión- sus poderes, como consejero delegado y máximo responsable del área deportiva, asumiendo el propio presidente el poder absoluto del club, en todos sus estamentos. Unos derechos que el dirigente murciano pidió, a través de notario, se le devolviesen a su salida de la cárcel, a lo que se negó el Consejo. Asimismo, en esos mismos días, el Cádiz decidió anular el contrato con Calambur, la sociedad dirigida por Elena Pina, también investigada en la instrucción judicial, y por la que Pina cobraba del Cádiz sus servicios profesionales (171.000 euros anuales).

Emilio Cortés nació en Cádiz hace 50 años. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Cátedra de Derechos Humanos y catedrático de Derecho penal de la Universidad de Extremadura. Además es secretario General de la Asociación Internacional de Derecho Penal y abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1993. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura entre los años 2000 y 2008. Por otro lado, es experto en legislación sobre dopaje, autor del libro El delito de dopaje y compagina sus labores docentes con el ejercicio de la abogacía en el ámbito del Derecho Penal.

Es abonado del Cádiz desde pequeño y en septiembre de 2010 entró a formar parte del Consejo de Administración del Cádiz, entonces presidido por Antonio Muñoz, y luego por Enrique Huguet. Fue consejero durante cuatro años teniendo que abandonar el cargo por sus obligaciones profesionales ya que, además, reside en Cáceres. Defiende los derechos de los accionistas del Cádiz Federico González y Chico Puig, en el pleito contra el ex presidente Antonio Muñoz, cuyo juicio será en unos meses.

El club cadista, por decisión de su Consejo de Administración, quiere preservar, hasta todos los límites necesarios, su independencia y colaborará, como hasta el momento ha hecho, con la justicia. Se contrata a Emilio Cortés con el objetivo de que defienda los intereses del club ante las posibles injerencias o responsabilidades que puedan vincularle como consecuencia del sumario de la Operación Líbero.

El propio Emilio Cortés, que se encuentra en Cádiz pasando unos días de vacaciones con motivo de la Semana Santa, ha confirmado el encargo del Cádiz: "Es cierto. Me llamó el presidente, y yo, con mucho gusto, estoy a disposición de mi club, aunque en este caso sea un tema estrictamente profesional, pero obviamente, dispuesto a defender, si ello es preciso, los intereses del Cádiz".