El Ayuntamiento de Cádiz no ha tenido que introducir modificaciones en la norma municipal que controla la apertura de viviendas turísticas en la ciudad, tras aprobarse recientemente un decreto sobre esta modalidad de alojamiento por parte de la Junta.

El decreto autonómico supone un espaldarazo legal a aquellos municipios que han decidido o van a poner en marcha normas para limitación de las VFT (que han pasado a denominarse Viviendas de Uso Turístico), y que en los últimos años han proliferado con fuerza en las localidades con mayor peso turístico y, en muchas de ellas, en los cascos históricos.

Esta última circunstancia ha acarreado una importante presión sobre un parque de vivienda ya reducido, afectando a los precios de venta y alquiler del mercado y, con ello, a residentes en estas zonas o familias que pretendían vivir en estos barrios. En esta situación se encuentra buena parte del casco antiguo de Cádiz, donde el crecimiento de estas viviendas turísticas ha sido más que notable.

Fue en octubre de 2022 cuando el gobierno municipal, entonces en manos de una coalición entre Adelante y Ganar Cádiz, sacó adelante una norma contra la turistificación. Lo hizo no sin problemas, al chocar inicialmente con el voto del PSOE, esencial para su aprobación. El PP, entonces en la oposición, votó en contra.

El cambio de gobierno en la ciudad, el pasado año, no fue acompañado por una modificación de esta normativa. Todo lo contrario, el equipo del alcalde Bruno García la mantuvo sin cambiar ni una coma. Tras el decreto de la Junta, que también promovía medidas para evitar la proliferación abusiva de estos alojamientos, se afianza el plan de actuación emprendido por el Ayuntamiento de Cádiz hace año y medio.

A la vez, atendiendo al texto del decreto autonómico, la normativa gaditana es válida en su totalidad, por lo que no necesita adaptarse a la norma regional, según destaca el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi. En este sentido, el edil destaca que a partir de ahora "hay que hacer un trabajo de coordinación para el seguimiento de estas viviendas".

Reunión con la Junta

Ya se han mantenido encuentros con la Junta para realizar este trabajo. Así, se ha acordado crear una mesa trimestral en la que técnicos de Urbanismo y de la Delegación Provincial de Turismo analizarán las inscripciones de estos pisos para comprobar que cumplen la norma municipal. De esta forma se acelera el proceso de anulación de la autorización si se detecta con no son legales.

La Junta ya está trabajando en la “limpieza” de este registro, atendiendo a las viviendas de uso turísticos registradas desde octubre de 2022, cuando entró en vigor la norma.

En abril de 2023 se remitió a la Junta una treintena de casos que incumplían la norma.

Ya con el actual gobierno del PP, y tras publicar este diario que al menos 200 VFT estaban fuera de la legalidad municipal, el Ayuntamiento remitió un listado con 277 pisos ilegales registrados a lo largo de 2023.

En este sentido, la Junta ya está actuando, según indicó a este diario el delegado provincial de Turismo, Jorge Vázquez.

De estos 277 pisos, en 155 ya se ha iniciado el proceso de cancelación de oficio de su inscripción por incumplir la norma municipal. Los propietarios de los 122 restantes han presentado alegaciones, que ahora tiene en estudio la Junta. El delegado, en todo caso, prevé que el registro de la mayoría de ellos también se anulará.

El registro de un piso turístico se hace de forma telemática, mediante una declaración responsable. La Junta controla una serie de equipamientos obligados, pero no si se cumplen la norma municipal, que serán las dos administraciones las que lo controlen.