Sede vacante oficiosa en la diócesis de Cádiz

El ruido y la enorme polvareda que ha levantado la denuncia que está investigando el Vaticano por presuntos abusos sexuales a un menor por parte del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha dejado a la Iglesia local, la gaditana, casi muda, prácticamente noqueada. Miembros del clero y fieles en general asumen la noticia con la que se despertaron este lunes (del todo inesperada, frente a lo que algunos digan ahora) al mismo tiempo que conviven con la incertumbre que genera lo ocurrido y la que se abre respecto al presente y futuro diocesano.

¿Qué va a pasar en la Iglesia de Cádiz ahora? Es la gran pregunta que se hacen todos, sobre todo ante la decisión de Zornoza de suspender su agenda, no solo en su intención -según manifestó el Obispado el lunes- de esclarecer los hechos, sino afectado de un “cáncer agresivo” del que se estaría tratando, con todo lo que ello conlleva. Esta suspensión de la agenda de un obispo que según fuentes próximas a Hospital de Mujeres el mismo lunes marchó para Madrid sin fecha de regreso abre un gran interrogante en la diócesis, que de hecho afronta una especie de sede vacante oficiosa, a la espera de que el proceso del Vaticano y el propio de Zornoza se vayan resolviendo.

Cierto es que ante la ausencia de obispo, la Iglesia local puede funcionar casi con absoluta normalidad gracias a la existencia de figuras en la jerarquía eclesiástica concebidas precisamente para atender esas diversas responsabilidades episcopales. A la cabeza de todas ellas estaría el vicario general (Óscar González Esparragosa, en el caso de Cádiz), que es quien asume el liderazgo cuando está ausente el obispo; y junto a él, el resto de vicarios, el canciller, la ecónoma y otros cargos que siguen al frente de sus responsabilidades.

De hecho, fue el propio González Esparragosa quien sustituyó a Zornoza el lunes en el acto en las Salesianas al que tenía previsto asistir el obispo antes de suspender por completo y sine die su agenda, por poner un ejemplo. Y por ahora siguen estando señaladas para los próximos días las reuniones que estaban previstas del Consejo de Asuntos Económicos, de los arciprestes o de los sacerdotes extranjeros.

Pero esta normalidad aparente no resta incertidumbre a la diócesis. Entre otras cosas porque el Código de Derecho Canónico es muy explícito respecto a los obispos, a quienes “les obliga la ley de residencia personal en la diócesis” (según el canon 395.1) y a los que se permite ausentarse “con causa razonable no más de un mes continuo o con interrupciones, con tal de que provea a que la diócesis no sufra ningún perjuicio por su ausencia” (dice el canon 395.2), siempre que esas ausencias no coincidan con “Navidad, Semana Santa y Resurrección del Señor, Pentecostés y Corpus Christi, a no ser por causa grave y urgente” (canon 395.3).

De hecho, determina el Código que si esa ausencia del obispo se prolongara por más de seis meses tendría que ser el Arzobispo de Sevilla que informara a la Santa Sede de esta situación (canon 395.4). Algo que no parece que vaya a dar lugar en este caso, pendiente de Roma y de lo que pueda decidir en los próximos días o semanas en torno al obispo. De hecho, teniendo en cuenta que Zornoza presentó su renuncia el 31 de julio de 2024, hay voces que no entienden cómo no se ha aceptado ya en el Vaticano la renuncia, máxime a raíz de la enfermedad que padece y que el Obispado dio a conocer el lunes.

Precisamente en esta línea se manifestaba el lunes el presidente de la Conferencia Episocopal Española, Luis Argüello, que entiende que ante un obispo “que hace ya 14 meses o 16 que ha presentado su renuncia, que ha surgido este asunto y que además está enfermo, las posibilidades de que pudiera ser aceptada su renuncia serán altas”. “Pero no depende de mí ni de la Conferencia (Episcopal)”, se apresuró a precisar Argüello, ya que esta pelota está en el tejado del Vaticano, que es quien tiene que tomar las decisiones.

En torno a esta cuestión, hay que recordar que la Iglesia ha decidido no adoptar medidas cautelares a la hora de investigar la denuncia por abusos sexuales. En este sentido, podría haber optado por una suspensión temporal del obispo -una “remoción”, siguiendo los términos que emplea la normativa eclesiástica- o por una aceptación de la renuncia previa al inicio de la investigación; sobre todo teniendo en cuenta que según la versión del diario El País la denuncia contra Zornoza fue presentada en el Vaticano hace varios meses.

En el mismo sentido, la situación actual se puede analizar desde el punto de vista del propio obispo, que si bien cumplió en 2024 con la recomendación del Derecho Canónico de presentar su renuncia al cumplir 75 años de edad, tendría ahora la opción de insistir en la renuncia atendiendo al propio Código, que establece también la posibilidad “si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñar el oficio”. De hecho, “ruega encarecidamente” que ante estas circunstancias se solicite la renuncia.

Nada de esto se ha producido, por ahora. Y la investigación que dejó en shock el lunes a la Iglesia de Cádiz, y que de algún modo afecta también a la de Getafe, sigue su curso a la espera de conocer la veracidad o no de la denuncia y con una diócesis entera esperando con cierta incertidumbre qué va a pasar con su obispo, con todo lo que ello conlleva. Una sede vacante oficiosa, en definitiva, que será incómoda (por las dudas que genera) y dolorosa (por los motivos que hay detrás).