Puente Carranza de Cádiz: Un cambio de nombre por la puerta de atrás

EN la política que se practica ante los ojos de la ciudadanía el fin justifica los medios, alejándose paulatinamente por ello de la propia ciudadanía a la que dice servir. El último ejemplo lo regala la maniobra que el partido (o movimiento, se hace llamar) Sumar ha realizado con respecto al nombre del puente José León de Carranza. Un cambio que en el Gobierno de Pedro Sánchez ya dan por hecho y que se ha hecho prácticamente a espaldas de la ciudadanía, imponiendo la diputada Gil Robles su particular criterio que ha llevado a los despachos del ministro Puente y su equipo al frente de Transportes.

Dice Sumar que la propuesta lanzada en su día ha sumado apenas 4.000 firmas de apoyo. 4.000 personas o entidades que han dado la razón a la vicepresidenta tercera en su particular pelea por ganar espacio político en Cádiz, frente a los más de 100.000 ciudadanos que conforman el censo de Cádiz capital; teniendo en cuenta que en esos apoyos se incluyen también los ciudadanos de Puerto Real y de otros puntos a lo largo y ancho del país.

¿Son suficientes 4.000 firmas para cambiar el nombre de uno de los símbolos de la ciudad? Ha olvidado Sumar el referendum (o como se pueda denominar) que intentó el Ayuntamiento de Kichi en Cádiz con otro Carranza, el del Estadio; entonces sí se quería promover una participación activa de la ciudadanía para elegir otro nombre, aunque luego el equipo de gobierno terminara también imponiendo sus propuestas o querencias por encima de la opinión mayoritaria e incluso saltándose las propias reglas del juego.

En esta falta absoluta de consenso respecto al nombre del puente, conviene recordar también cómo en los últimos meses, desde que la subdelegada del Gobierno (Blanca Flores) deslizó la conveniencia de cambiar el nombre del puente, se han ido proponiendo diversas nomenclaturas a las que las distintas administraciones y el propio partido Sumar han dado por completo la espalda, sin tenerlas en cuenta ni por supuesto plantear un pronunciamiento de la ciudadanía.

Así, la propia subdelegada lanzó el primer nombre alternativo, Puente de los Astilleros, que ella misma ha omitido meses después para ponerse a la retaguardia de la propuesta de Rafael Alberti. El sindicato UGT en Andalucía también elevó su propuesta, incluso por escrito, para que el Carranza pasara a llamarse Puente de los Astilleros (con lo cual ya había dos voces que coincidían en un nombre) o bien Puente de la Bahía Obrera. No menos importante es la propuesta que lanzó un colectivo gaditano para denominar al puente Juan Sebastián de Elcano, uno de los embajadores de la ciudad cuyo buque escuela cruza el puente al menos dos veces al año.

Todo esto ha sido rechazado por el partido Sumar y por el Gobierno español (del que forma parte), que sin ningún proceso abierto -¿hay informe de Memoria Histórica que avale la necesidad de eliminar el nombre de José León de Carranza?- ni ningún criterio previamente establecido para elegir la nueva denominación confirma ahora por la puerta de atrás que el cambio se da por hecho, atendiendo a la ocurrencia de su vicepresidenta tercera y las apenas 4.000 firmas conseguidas (frente a más de 150.000 ciudadanos censados solo a ambos lados del puente).

La política al margen de la ciudadanía.