Sobre el papel, parecía un proyecto idílico, en el que tenían cabida desde la siempre necesaria actividad industrial hasta un centro comercial, pasando por usos tan inusuales para un polígono como una plaza de toros multiusos o amplias zonas verdes, sin olvidar los locales destinados para oficinas, pequeños comercios y artesanía, entre otras muchas propuestas. Incluso se llegó a plantear la construcción de 853 viviendas en la pastilla comprendida entre Loreto y la glorieta de la Zona Franca.

Teófila Martínez, por entonces alcaldesa de Cádiz, llegó a definir ese proyecto como “un parque industrial” que “va a ser una auténtica revolución” no sólo como equipamiento de la capital, sino también “con una proyección a toda la Bahía y al conjunto de la Bahía”.

Se anunció una inversión de 600 millones de euros para poner en valor el medio millón de metros cuadrados disponibles, se estimó que podría dar trabajo a 5.000 personas frente a los 1.500 trabajadores que se contabilizaban por entonces y se llegó a hablar incluso de posibles fechas tanto de inicio de las obras (2013) como de culminación de las mismas al fijarse un plazo de entre cinco y siete años.

Eso, al menos, es lo que quedó pintado sobre el papel después de que el Ayuntamiento y el Consorcio de la Zona Franca culminaran una primera fase de fructíferos encuentros que tenían como objetivo sacar el máximo provecho posible del recién aprobado nuevo PGOU, que venía a sustituir al ya caduco de 1995. Corría ya el año 2012, el de los fastos del Bicentenario. Habían pasado doce meses desde que Ayuntamiento (PP) y Consorcio de la Zona Franca (PSOE) crearan la Oficina de Captación de Inversiones para el Desarrollo del Polígono Exterior de la Zona Franca de Cádiz. O lo que es lo mismo, la OPEX.

La idea fundamental de esta oficina era, a groso modo, el análisis de la cruda realidad. Esto es, dejar la teoría de lado para conocer cuan grande era ese obstáculo que siempre se interpone y dificulta todo proyecto.

Poco a poco se fueron analizando cada una de las parcelas para saber quiénes eran realmente sus propietarios. Y aquí comenzaron a presentarse ya los primeros inconvenientes. Había 199 parcelas y 394 fincas registradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunas parcelas pertenecían, y siguen perteneciendo, a varios propietarios, lo que dificultaba aún más lo que se estuviera contemplado para cada una de ellas. Para colmo de males, algunas de estas parcelas con multipropietarios estaban afectadas por distintas unidades de ejecución. Esto es, si había problemas de acuerdos en una de ellas podría afectar a otras colindantes, paralizando una zona más amplia aún.

Curiosamente, por otra parte, lo que en principio parecía una dificultad añadida acabó tornándose finalmente en una pequeña ventaja, aunque de ella no se haya obtenido todavía el provecho deseado. En ese estudio que pretendía conocer la realidad se detectó que, además de multipropietarios, también había parcelas donde se solapaban la titularidad pública con la privada.

Ante esta circunstancia, se profundizó aún mas en el estudio y se analizó en cuáles de ellas la titularidad era mayoritariamente pública, hecho que podría facilitar en cierto modo alcanzar un acuerdo.

El punto de partida del proyecto iba a ser el Centro Metropolitano de Espectáculos

Se localizaron siete parcelas con estos condicionantes y en una de ellas se fijó el que podría ser el punto de partida del futuro ‘Parque Industrial Ciudad de Cádiz’. Esta parcela en cuestión no era otra que la que en su día ocupó Navalips. Ahí, en este solar de 10.000 metros cuadrados (el equivalente aproximadamente al que ocupa el estadio Carranza con sus graderíos incluidos) se pretendía construir el denominado Centro Metropolitano de Espectáculos, algo que otros llegaron a llamar la plaza de toros multiusos.

La realidad hoy en día es que la inmensa mayoría de aquel megaproyecto del polígono exterior se ha quedado en papel mojado. Y ello, pese a que el comienzo fue esperanzador con la construcción de un centro de realojo junto al barrio de Puntales que supuso una inversión de 10 millones de euros y que sirvió para dar cabida a oficinas y naves que fueran siendo desocupadas en el polígono exterior. Si acaso podría atribuírsele a la Zona Franca, aunque no formara específicamente parte de este plan como tal, su voluntad de comenzar una nueva etapa con la construcción del estadio Carranza y los dos parkings de la Glorieta y el de Altura en el interior del recinto fiscal.

Como consuelo queda ahora que la actividad parece haberse reiniciado de nuevo. Así, en un horizonte que se antoja cercano llegará la nueva Zona Base que se está construyendo en los terrenos de la antigua Ibérica Aga.

El resto de apuestas, pocas por cierto, llegaron de la mano de la iniciativa privada, como las nuevas instalaciones de la panadería Navas, la gasolinera de la calle Algeciras, los nuevos tanatorios o las reformas que se llevaron a cabo en la mayoría de concesionarios de la zona, entre otras actuaciones.