La incipiente plataforma pro derribo del edificio de la Aduana Nueva, en la Plaza de Sevilla, tiene previsto celebrar una reunión entre mañana y el jueves con el fin de recabar más apoyos y consensuar posiciones y acciones, adelantó ayer a preguntas de este periódico el el ecologista Daniel López, portavoz del colectivo.

Hasta el momento el grupo lo conforman las organizaciones que componen la Plataforma por un PGOU Alternativo, es decir, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción y, a título personal, los arquitectos Julio Malo de Molina y Juan José Jiménez Mata, aclaró Daniel López.

Quieren que Agaden se sume, pese a la defensa del edificio por parte de algunos miembros

En el encuentro que mantendrán en los próximos días en la sede de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro pretenden recabar el apoyo oficial del colectivo conservacionista Agaden y de otras asociaciones vecinales. Se da la circunstancia de que el secretario general de Agaden, José Antonio Sánchez Martín, y la ecologista fundadora del colectivo y ex secretaria provincial de Cultura Purificación González de la Blanca se han posicionado junto al Foro Salvemos la Aduana Nueva.

El foro consiguió en 2009 que la Junta incluyese el edificio dentro del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, después de recabar 3.500 firmas de apoyo. El informe de dos peritos encargado por la Consejería de Cultura resultó determinante para su catalogación, si bien nunca llegó a ser declarado Bien de Interés Cultural, pese a la petición de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz en 2008.

El portavoz de la plataforma pro derribo difundió a final del año pasado un estudio encargado al prestigioso Estudio Capitel en el que se concluía que la Aduana Nueva "tiene un escaso valor, es anacrónico, muy vulgar y de notable torpeza" y que por esa razón "debe ser desprovisto de la protección oficial de la que hoy, indebidamente por su escaso valor, goza".

El Foro Salvemos la Aduana restó trascendencia a ese "informe de parte" y estimó en unos 15 millones de euros el coste que tendría para el Ayuntamiento de Cádiz el derribo del edificio y la construcción de uno nuevo que albergue la actividad que allí desarrolla un centenar de funcionarios.