Más de 150 mayores se ven obligados a buscar fuera de Cádiz una residencia

Cádiz envejece. El grupo de población que supera los 65 años de edad crece y ronda ya el 15% del total del padrón de la capital. Es, por la lógica de la naturaleza, un colectivo con importantes necesidades de atención que supera incluso las posibilidades de las propias familias lo que motiva la petición de ayuda a instituciones públicas y privadas.

Sin embargo, el aumento de vecinos y vecinas 'mayores' no ha ido parejo al crecimiento de los equipamientos sociales que les da atención, provocando un importante déficit asistencial, que se ha visto incrementando de forma considerable con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, que se desarrolla sin fondos económicos suficientes para atender todas las peticiones que por parte de este colectivo se están presentando.

Hay un dato elocuente que por si solo explica cómo está la situación en Cádiz: hay 152 mayores de la ciudad que se han visto obligados a trasladarse a residencias de otras localidades de la provincia al no contar con plazas en la capital. En un principio se podría suponer que es esta cifra, 152, el número de plazas que serían necesarias crear para evitar esta situación. Sin embargo, el dato correcto es aún más elevado por cuanto habría que añadir el grupo de mayores que han optado por acudir a un centro de día o solicitar la ayuda domiciliaria ante su negativa a dejar Cádiz, por el trastorno personal que ello les podría provocar y a pesar de que por su situación física o de salud lo que necesitarían, en verdad, es estar en una residencia.

La ciudad, mientras, apenas cuenta con 148 plazas residenciales ocupadas por mayores gaditanos repartidas en los centros de Alvernia, Fragela, José Matía Calvo, ADEMA y Dulce Nombre de María, además de las dos residencias Gades que tienen un servicio totalmente privado. En conjunto, según datos aportados por el Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz, en la capital se ofertan 360 plazas entre las que se cuentan las destinadas a la Ley de Dependencia, las ocupadas por vecinos de otras localidades y las de carácter totalmente privado.

Una cuarta parte de la población gaditana que tiene más de 65 años de edad, más de 23.000 habitantes, ha presentado su solicitud para recibir ayudas incluidas en la Ley de Dependencia desde que ésta se aprobó a finales de 2006. Según datos del Ayuntamiento, un total de 6.144 ciudadanos habían realizado esta solicitud hasta finales de 2010. Sólo en el pasado año se presentaron en la ciudad 1.528 solicitudes. La administración local se encarga de la tramitación de todo el papeleo antes de pasar a manos de la Junta, que asume su gestión: reparte a los mayores por las residencias donde hay plazas aunque éstas estén lejos de los lugares de residencias de éstos y sus familiares. Fuentes de la Junta indicaron a este periódico que era absurdo plantear nuevas residencias en una ciudad si en su entorno existen camas libres, aunque su entorno pueda ser Medina Sidonia, una localidad que está a más de 30 kilómetros de la capital donde ya residen algunos mayores gaditanos.

Con esta premisa, la apertura en Cádiz de dos grandes complejos asistenciales: el promovido por la Iglesia en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, y el construido por el Ayuntamiento en Puntales, amplias, con más de 300 plazas de distinto tipo en conjunto y con las instalaciones más amplias y modernas de la provincia, en lugar de suponer un ostensible alivio al déficit asistencial de la ciudad ha acabado en una polémica entre la Junta, el Ayuntamiento y las empresas privadas que pretenden gestionar estos centros.

En el Centro de Mayores de Puntales, la firma catalana que se ha hecho cargo de su puesta en marcha acaba de iniciar los trámites para conseguir un concierto para determinadas número de plazas. El edificio aún se está equipando y aún no se ha cerrado la contratación del personal, por lo aún queda por delante tiempo suficiente para cerrar este trámite con la administración regional.

No pasa lo mismo con el Hospital de San Juan de Dios. Aquí las obras han sido millonarias al igual que el mobiliario instalado. A la vez se cuenta con cerca de medio millar de trabajadores trabajando, y cobrando, desde hace meses. Sin embargo, el concierto de las plazas no se ha firmado aún, lo que ha llevado a la adjudicataria, la Fundación Gerón, a fijar el 31 de marzo próximo como límite para su salida de un proyecto que ya le está costando dinero.

Fuentes de la Fundación indicaron ayer a Diario de Cádiz que se ha optado por ampliar unos días más este plazo. Ahora se piensa aguantar hasta la primera semana de abril. La Junta se ha comprometido a cerrar el acuerdo para el concierto de las plazas "en cuestión de días". "Tenemos un compromiso moral muy importante con este proyecto por lo que no queremos precipitarnos, así que seguiremos unos días más", se afirma desde la empresa que ya ha trasladado al colectivo de trabajadores la situación de un proyecto que se convertiría en el primer paso para solventar el déficit de plazas residenciales para los más mayores de la ciudad, que cada vez son más.