La Ley de Bienestar Animal choca con lo planes de construcción de zonas verdes en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz se ha topado con una ley estatal, por lo tanto de obligado cumplimiento, que está dificultando la construcción de un gran parque público en el antiguo cementerio. Una obra, esperada desde hace más de treinta años, que supondrá, si se logra ejecutar finalmente, una importante mejora de la calidad de vida de los vecinos del polígono de San José y de la propia capital.

En septiembre de 2023 entró en vigor la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Una norma que busca ordenar toda la legislación en defensa de los 13 millones de animales domésticos que hay en España. Una Ley que, por ello, impone normas de obligado cumplimiento tanto a los propietarios de mascotas como a las administraciones públicas.

En el caso de los gatos, cuya presencia en el solar del antiguo cementerio está provocando importantes problemas al Ayuntamiento a la hora de poder urbanizar este suelo, la Ley es tan clara como concluyente respecto a su fin: “las normas tienen por objeto el control poblacional de todos los gatos comunitarios, con el fin de reducir progresivamente su población, manteniendo su protección como animales de compañía”.

Una reducción de la población salvaje que se apoya en la “esterilización quirúrgica de todos los gatos comunitarios, para una planificación y control de las esterilizaciones acorde al volumen de población que se desea controlar para que resulte eficiente e impida el aumento del número de gatos”.

Mientras tanto, se imponen controles en el cuidado de las colonias existentes en la ciudad. Y es aquí es donde choca con los intereses del Ayuntamiento y de una parte importante parte de la población gaditana.

Traslado a otro solar en la ciudad donde no hay espacio libre

Se deja claro que “el municipio deberá contar con un lugar adecuado con espacio suficiente y acondicionado para la retirada temporal de su colonia de los gatos comunitarios en caso de necesidad”. Esta imposición no tiene en cuenta la especial característica de una ciudad como Cádiz, donde el espacio físico está agotado y cualquier solar vacío está destinado a solucionar el problema de la vivienda, que hoy por hoy debería de tener prioridad sobre la presencia de una colonia de gatos.

Ignorando la Ley esta circunstancia física de la ciudad de Cádiz, indica que la reubicación de las colonias felinas “se realizará bajo supervisión veterinaria y previo informe preceptivo del órgano competente de la comunidad autónoma sobre el cumplimiento de las condiciones de protección de la biodiversidad”.

Se prohibe, también, el sacrificio de estos animales “salvo por desórdenes que comprometan la salud del gato a largo plazo”, y el confinamiento de los felinos no socializados con el ser humano en centro de protección animal, residencias o similares, “salvo las actuaciones necesarias en los procesos para su tratamiento o reubicación”.

Operaciones como la reubicación de estas colonias implica no solo encontrar un espacio urbano libre en la ciudad donde alojarlos, sino realizar una importante inversión económica. Y tampoco está el Ayuntamiento muy sobrado de dinero, tan necesitado como sí está de inversiones de carácter social destinadas a sus vecinos con escasos recursos.

Por lo pronto, la operación del cementerio ha supuesto un gasto inicial de 50.000 euros, entre todo el proceso de traslado, habilitación del nuevo espacio (en el entorno de Cortadura) y, también, la alimentación de la colonia de gatos afectada.

En todo caso, la Ley indica que el Estado aportará subvenciones a los municipios para afrontar estos gastos. Igualmente pasa con la Diputación.