El juicio por las declaraciones que realizaron el alcalde de Cádiz, José María González Santos; el expresidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza; y el jefe del Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcia; para acusar al anterior equipo directivo de Aguas de Cádiz -en aquel momento en manos del Partido Popular- de permitir el suministro en el barrio de Loreto de agua potable "a sabiendas" de que estaba contaminada por la presencia de bacterias coliformes y E.coli se ha aplazado hasta el próximo 22 de junio.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz ha tomado esta determinación con el objetivo de conseguir un acuerdo entre las partes a partir del mecanismo de la mediación penal. De esta forma, la sesión se retrasa dos meses, ya que en un principio se había señalado para el próximo jueves 26 de abril.

La sesión se iba a celebrar el próximo jueves 26, por lo que se retrasa dos meses

Todavía siguen coleando los ecos de la asamblea informativa que se celebró el 7 de marzo de 2016. En ella se presentaron las conclusiones del estudio realizado por la actual gerencia de Aguas de Cádiz para intentar esclarecer los motivos de la contaminación del agua e investigar la actuación de los gestores de esta empresa.

Tal fue el revuelo que el PP y José Blas Fernández presentaron una querella por injurias y calumnias contra González Santos, González Bauza y Barcia. Tras tomar declaración a las partes y a testigos que asistieron tanto a la rueda de prensa como al acto posterior, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz decretó la apertura de juicio oral, procesando a los tres implicados por los delitos de injurias y calumnias.

El mecanismo de la mediación penal no tiene mucho recorrido en la Justicia española. En este caso, ha sido el Juzgado quien ha instado a las partes a que se sometan a esta herramienta de justicia restaurativa para conseguir un pacto entre los denunciantes y los acusados. Para este tipo de casos, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía cuenta con un servicio de mediación para intervenir en la solución de estos conflictos de manera imparcial.

Así, el objetivo es acercar a las partes, de manera que, según se señala en la propia web de la Consejería de Justicia e Interior, se repare o disminuya el daño que ha causado en la víctima el delito que se ha podido cometer o responsabilizar al procesado de las consecuencias de la infracción que ha podido realizar.

Tras varias sesiones, primero de manera individualizada y después en conjunto, se intenta llegar a un entendimiento que se debe elevar al Juzgado para que lo refrende si éste es conforme a la Ley. Si no se produce, el procedimiento sigue su curso, por lo que el juicio se celebraría tal y como está previsto.

Cabe recordar que durante la instrucción del caso Loreto la Fiscalía ha llegado a solicitar hasta en dos ocasiones la libre absolución de los acusados. En ambas oportunidades, no apreció delito en las manifestaciones de González Santos, González Bauza y Barcia al circunscribirlas dentro de la "crítica política" a la que están sometidos los cargos públicos.

La primera vez que se pronunció el Ministerio Público, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, decidió archivar provisionalmente la causa. Tras un recurso presentado por la parte querellante, la Audiencia Provincial de Cádiz exigió su reapertura al considerar que el cierre de la instrucción fue "más que prematuro" al no realizarse las diligencias oportunas.

Sin embargo, tras desarrollarse la instrucción del caso Loreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ordenó la apertura del juicio oral a pesar de no contar con acusación pública.

Lo que sí habrá, si es que en la mediación no se llega a un acuerdo entre las partes, es la acusación particular por parte del Grupo Municipal del Partido Popular y José Blas Fernández. En sus escritos de acusación, ambos solicitaron una pena de 24 meses de multa a razón de 20 euros al día por un delito continuado de calumnias con publicidad y una pena de 14 meses de multa a razón de 20 euros diarios por un delito de injurias con publicidad. Por su parte, en cuanto a la responsabilidad civil, el PP pidió una indemnización de 30.000 euros a la que los acusados deberían responder de manera solidaria, mientras que Fernández solicitó 600 euros. Además, las dos partes reclamaron el pago de las costas del proceso.