La Universidad de Cádiz, con el apoyo entusiasta del Ayuntamiento, proyecta transformar el castillo de San Sebastián en un Museo de las Ciencias, una actuación que en un principio no es mal vista por el Estado, propietario de la fortificación, pues le liberaría de invertir en la recuperación de este histórico inmueble.

El coste de la obra se eleva a 27 millones de euros. La UCA no tiene dinero para acometer un proyecto de este calibre. La solución: acudir a Europa y a los nuevos fondos del Plan Next Generation.

Este programa, impulsado por la UE como una especie de Plan Marshall para sacar de la crisis económica provocada por la pandemia a los estados comunitarios, ha obtenido el beneplácito inmediato de todas las administraciones públicas. Nada mejor que otros paguen las obras que les corresponderían hacer a cada una de ellas en la ciudad de Cádiz. La imagen pública no se deteriora, todo lo contrario, y la cartera aún menos.

En manos de la UE y del Next Generation hay proyectos a ejecutar en Cádiz capital por una cifra superior a los 600 millones de euros.

En esta cantidad se incluyen actuaciones de gran calado, que siempre se han considerado esenciales para el propio desarrollo de la ciudad y que, en su gran mayoría, están pendientes de ejecutar desde hace años, y décadas, por falta de financiación.

La Junta de Andalucía ha pedido 395 millones de euros para poder construir el Hospital Regional, prometido por la administración regional en 2004; el Ayuntamiento ha planteado 62 actuaciones, por cerca de 200 millones, entre las que se encuentra la construcción del nuevo pabellón Portillo, el parque de la Muralla, la mejora de medio millar de viviendas y la reforma de la Lonja de Frutas, entre otros.

Por su parte, la Diputación incluye entre sus peticiones 35 millones para la conversión del viejo Valcárcel en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación, mientras que la Zona Franca ha creado un equipo técnico para plantear proyectos para este programa junto a actuaciones en materia medio ambiental y de nuevas energías propuestos por la Autoridad Portuaria.

Este listado aporta dos reflexiones. Por una parte, todas las administraciones han acudido a la UE para financiar proyectos para la ciudad para Cádiz que, por lógica y por norma, tendrían que salir de sus correspondientes presupuestos y que, sin embargo, han ido dilatando en el tiempo hasta hacerlos inviables.

El Hospital Regional y el castillo de San Sebastián son los ejemplos más evidentes. Ni la Junta ni el Estado han querido o sabido cumplir con sus obligaciones hacia Cádiz. Mientras, sí ha habido dinero procedente de los presupuestos para hospitales en Málaga, Sevilla o Jaén, o fondos estatales para la recuperación de equipamientos históricos en otras ciudades.

Hay casos excepcionales, como la Diputación, que ha pedido a Europa dinero para la nueva Facultad (¿qué pensarán en Bruselas, cuando vean que en Andalucía no tienen ni dinero para la enseñanza?) aunque este proyecto debe ser financiado por la administración regional.

Es ya una costumbre peligrosa por parte de muchas administraciones la de buscar ingresos extraordinarias para invertir en Cádiz. Y si no, nada. En tiempos del PSOE el mismo Hospital Regional se iba a pagar con la venta del terreno del viejo Puerta del Mar. O, ahora, la Ciudad de la Justicia se construye, solo en Cádiz, en edificios cedidos gratis por el Ayuntamiento.

Por otra parte, cabe pensar que Europa no va a aprobar el cien por cien de los proyectos presentados desde Cádiz, por la simple cuestión de que no hay dinero para todo. Así que lo que quede fuera de este peculiar maná volverá al limbo de los proyectos olvidados.

Ya se advertía desde el Ayuntamiento hace unos días respecto al castillo de San Sebastián: la propuesta de la UCA es esencial, porque si no sale adelante nadie va a poner dinero para recuperar esta fortificación. Y lo mismo pasará con el Hospital Regional, el parque de la muralla, la reforma del parque Genovés...

Europa ha financiado, desde la llegada de la democracia, infinidad de proyectos en la ciudad gracias fundamentalmente al trabajo de gestión realizados por los distintos ayuntamientos desde 1979. Pero ahora Cádiz corre el riesgo, cuando vive una situación social y económica extremadamente grave, de quedarse sin nada si todas las administraciones supeditan las inversiones en la ciudad a dinero ajeno a sus presupuestos.