Una inquilina con contrato en vigor sobrevive “acorralada” con su familia en una finca en obras en Cádiz

Cádiz/“Pedimos ayuda a las autoridades porque estamos en una situación de peligro constante en la vivienda en la que mal vivimos. El motivo es que el nuevo propietario de la finca nos quiere echar a toda costa, sin proporcionarnos una vivienda mientras se rehabilita la finca”. Así explicaba Pepa Chulián Soto hace unos días en su Facebook las lamentables condiciones en las que sobrevive ella, su marido, su hija y su nieta de tres años y medio en un piso de una finca del barrio del Pópulo, el más antiguo y uno de los más turistificados de la ciudad, donde los desahucios están a la orden del día.

“Los albañiles hacen su trabajo sin miramiento de que aquí vivimos personas, con martillazos, ruidos… Este invierno la casa se llovía por nuestra entrada, por la salita, por la cocina y el cuarto de baño; hasta se produjo un cortocircuito y nos quedamos sin luz cuatro días; tenemos puntales a la entrada de mi casa y en las escaleras debido al riesgo de que nos caiga un trozo de piedra”, añade esta inquilina. Pepa Chulián no ha dejado de pagar nunca su alquiler, cuyo contrato data de 1981, anterior, por lo tanto, a la Ley Boyer, de 1985, con derecho a la “prórroga forzosa”, siempre que el inquilino así la desease, con la que acabó esta normativa.

“Existen riesgos visibles de desprendimiento de las escaleras; hemos ido a Urbanismo denunciando dicha situación y no nos hacen caso. Pagamos nuestra renta y aun así no paran de mandarnos requerimientos con amenazas para que nos vayamos de la vivienda voluntariamente. Estamos asustados cada vez que pasamos por el patio y las escaleras, ya que está la casa cómo un polvorín”, relata Pepa Chulián en la red social.

“Nos han puesto dos cámaras de vigilancia, una en la entrada del patio y otra en la parte alta de la azotea. Y en las escaleras que van hacia el segundo piso, una reja de hierro impidiéndonos el paso para acceder a tender la ropa en una zona común como es la azotea”, añade la inquilina.

"En Procasa nos dicen que somos unas más en la lista"

“El Ayuntamiento, por medio de Procasa, no está por la labor, pues hemos tenido varias reuniones comentándoles lo sucedido y hacen caso omiso; dicen que somos un número más en la lista [de demandantes de vivienda pública municipal]”, lamenta esta inquilina de renta antigua dispuesta a luchar por el derecho que le asiste, según le ha recomendado la abogada María del Carmen Tejonero, una letrada con una gran experiencia en vivienda.

“Pedimos colaboración y que compartáis para que se haga justicia. Muchas gracias”, concluye Pepa.

Hablamos con Pepa: “En esta casa llevo viviendo desde el año 1981, un año después de casarme. Aquí estaba yo estupendamente, hasta que hace unos siete años los propietarios nos dijeron que nos teníamos que ir. Fuimos a la Cámara de Inquilinos y nos dijeron que no, que no teníamos que irnos, que teníamos un contrato blindado, de antes de la Ley Boyer. Hubo vecinos que sí que se tuvieron que ir porque tenían contratos posteriores a esta normas. Nos quedamos solos. Un poco antes de la pandemia, se vende la finca. Y aquí empezaron los problemas”.

Allí se criaron sus tres hijos, que se fueron yendo conforme se fueron emancipando. “Pero mi hija pequeña fue víctima de violencia de género y se vino a vivir a casa con mi nieta, pese a que estábamos superajustados de espacio ¿quién deja a una hija suya en la calle?”, se pregunta Pepa. “Porque si mi hija no tiene casa y yo sí que tengo techo, lo más normal es que una madre meta a su hija en su casa ¿no?”.

Más allá de la situación de peligro que viven inmersas continuamente en una obra, Pepa se queja de que ni siquiera le pueden dejar el correo porque los albañiles cierran con llave el portal cuando terminan de trabajar. “Pusimos un buzón en la calle, pero la propiedad nos lo retiró”. A esto añade el no poder tender en la azotea y tener que hacerlo en el patio interior, “donde no deja de caer polvo, grava y hasta piedras y cascotes”.

"Con nuestro contrato en vigor, es responsabilidad de los dueños buscarnos una alternativa"

“Creo que con un contrato en vigor y la casa en obras es responsabilidad de los dueños de la finca buscarnos una solución temporal hasta que rehabiliten mi casa”, opina Pepa con la fortaleza que le da que una abogada experta en vivienda le dé la razón. “Allí hay tres albañiles trabajando y no hay ni un solo cartel que informe de en qué consisten los trabajos ni cuál es su plazo de ejecución”, cuenta Pepa.

Desde hace algún tiempo están ingresando la renta en el juzgado porque el administrador de la finca les ha comunicado que la propiedad no quiere cobrarla. Han intentado contactar con ella "pero no tienen domicilio fiscal, solo la dirección de unos pisos que compraron hace unos años para convertirlas en viviendas turísticas en el Pópulo". "Tuvimos una reunión hace tiempo con un señor que nos dijo que nos buscáramos un piso, que nos pagaba la diferencia. Encontramos uno por 600 y le pareció muy caro, porque nosotros pagamos 140 euros", relata a este periódico, que también ha intentado localizar a la propiedad.

"Yo no me puedo ir porque no puedo pagar los alquileres de hoy en día. Y yo digo que el nuevo propietario compró la casa conmigo y sabía que tenía un contrato antiguo", añade. "Si yo tuviera para irme, me iba, porque en estas condiciones que vivimos no podemos seguir, temiendo que se me atasque una tubería y el cuadro de los contadores está que se cae. Pero mi marido solo cobra algo más de 800 euros de pensión, mi hija está trabajando, pero para su hija, y yo me acabo de quedar parada, con 65 años, porque me redujeron la jornada".

Preguntamos al Ayuntamiento por las obras: “Se hizo un requerimiento de ITE [Inspección Técnica de Edificios] de la finca. Como consecuencia de esta ITE se vio la necesidad de ejecutar una serie de obras de seguridad, salubridad y ornato", responden. La planta baja está deshabitada, la primera planta cuenta con dos viviendas de las que una está habitada y la otra no, la segunda planta tiene una vivienda deshabitada y la tercera planta dos viviendas también deshabitadas. La propiedad ha pedido licencia de obra y se están ejecutando las obras derivadas de la ITE por parte de una empresa que ha contratado la propiedad", añaden.

A los luchadores contra los desahucios también le anuncian el suyo

La presión de los desahucios es tal en el Pópulo, entre otras zonas del casco histórico, que hasta al mayor luchador del barrio y uno de los más activos de la ciudad frente a ellos le han anunciado ya el suyo, que sería el segundo que sufre, el primero de ellos en ese caserío medieval y romano al que tanto quiere: Antonio Gallardo, presidente de la Plataforma de Vecinos y Amigos del Pópulo, ha recibido una carta en la que se le advierte de que dentro de unos meses tendrá que entregar las llaves de su hogar, de la casa en la que vive desde hace más de una década.