La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa contra el alcalde de Cádiz, José María González, dos de sus ediles y la Asociación Proderechos de Andalucía por prevaricación y de incitación al odio tras una querella por cancelar un ciclo de cine israelí en septiembre de 2017.

En una providencia del juzgado al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía no ve motivos suficientes para ninguno de los dos delitos y considera que, en todo caso, esta causa debería dirimirse en un juzgado contencioso-administrativo pero no penal.

La querella la interpuso la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que acusó al Ayuntamiento de Cádiz y a Proderechos Humanos de Andalucía de un delito de odio y otro de prevaricación por haber cancelado el ciclo de cine de Israel.

El gobierno municipal, entonces de Podemos y Ganar Cádiz, argumentó su decisión de cancelar el ciclo de cine porque consideró que entraba en contradicción con el acuerdo tomado en 2016 de adherirse a la iniciativa Estado Libre de Apartheid Israelí.

La Fiscalía explica en su escrito que, aunque el antisemitismo, es nombrado de manera expresa en el artículo 510 del código penal como un posible móvil o motivo de odio, “es cuestionable” que la razón de la suspensión fuera antisemita.

“La suspensión del ciclo, aunque se hizo con criterio más que discutible y un tanto laxo, estuvo vinculada no al origen nacional de las películas, sino a la organización del ciclo por la embajada de Israel, por lo que el dolo exigible por el tipo penal se ve muy diluido”.

Añade que “si examinamos las conductas que integran este tipo penal (el del incitación al odio) comprobamos que son palmarios ejemplos de discurso de odio y que presentan una gravedad y entidad a las que no se aproximan ni de lejos las decisiones de adherirse a la campaña de Estado libre de Apartheid israelí o suspender el ciclo de cine israelí”.

La Fiscalía tampoco atiende la petición del delito de prevaricación “puesto que no tiene sustento el carácter doloso de la conducta en la medida que venga a suponer un torcimiento del derecho perfectamente reconocible” ni tiene cabida en el ámbito penal.

La providencia del juzgado da cinco días a las partes para presentar alegaciones a este escrito del Ministrio Público.

Por esta querella tuvieron que declarar José María González, sus dos concejales Ana Fernández y Martín Vila y el portavoz de Proderechos Humanos, Diego Boza, todos ellos, en calidad de investigados.

El alcalde dijo entonces que era “paradójico tener que sentarse en el banquillo y no el Estado de Israel con la ocupación ilegal que viene perpretando durante décadas y siendo condenado por cientos de organizaciones de defensa de los derechos humanos”.

Durante su declaración, González aseguró no tener nada en contra de la cultura o el cine israelí, e insistió en que su corazón y el del resto del gobierno municipal de Cádiz “está con el pueblo palestino”.