El fantasma de la infravivienda vuelve a aparecer en el casco antiguo de Cádiz

El fantasma de la infravivienda vuelve a sobrevolar el casco antiguo de Cádiz.

Cuando ha pasado un cuarto de siglo desde la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación, cuyo objetivo principal era eliminar esta lacra, vuelven a salir a la luz situaciones habitacionales extremadamente precarias que dejan claro que la infravivienda sigue presente en la ciudad, aunque lógicamente en número muy alejado al existente en 1999.

Las imágenes de la finca de Javier de Burgos, 19, han impactado incluso a dirigentes de colectivos ciudadanos muy implicados en la rehabilitación de viviendas dignas en Cádiz, reviviendo una situación que se creía superada.

Estos últimos años el debate sobre el problema de la vivienda en Cádiz ha girado tanto por el precio de la misma (tanto en venta como en alquiler), como por la necesidad de incrementar el parque público, especialmente promoviendo el alquiler social.

Hasta que se suspendió tras la crisis económica, que recortó todas las inversiones públicas a partir de 2008, el Plan de Rehabilitación trajo a Cádiz unos 180 millones de euros en inversión para el arreglo de unas 12.000 viviendas en la ciudad, la mayoría en intramuros. Cuando comenzó el Plan se calculaba que en el casco antiguo habían 300 fincas con infravivienda. En 2018, en el último estudio realizado por el Ayuntamiento, aún quedaban medio centenar de edificios en mal estado con unos 375 pisos.

Desde este año hasta la actualidad se han ido eliminando algunas de estas situaciones precarias. Un ejemplo es el barrio de Santa María. En 2018 aún se cuantificaban 6 fincas con infraviviendas. Hoy no hay ninguna, según su asociación de vecinos, aunque sí cuentan con varios inmuebles necesitados de obras de mantenimiento y que tienen inquilinos en su interior.

Lo mismo pasa, en parte, en San Juan-Callejones, donde el Plan Municipal de 2018 indicaba que aún existen 13 edificios con infravivienda. Desde entonces muchos de estos edificios se han arreglado, algunos para usos turísticos, especialmente en San Juan.

Pero más allá de este descenso, la permanencia de la infravivienda en la ciudad ya en 2025 debería de suponer una señal de alerta.

La propia Sareb, una sociedad con el 50% del capital público) propietaria de la finca de Javier de Burgos que ha sacado a la luz este problema habitacional, dispone en la ciudad de medio centenar de viviendas que, reconoce esta sociedad, no están en condiciones de usos las que ya están vacías.

Renacida de pronto la pesadilla de la infravivienda en la ciudad cabe plantearse con urgencia una actualización de los datos sobre las fincas que quedan en la ciudad con infravivienda, teniendo en cuenta que los datos de 2018 ya han quedado desfasados.

En este sentido se manifiesta también Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Por lo pronto, esta entidad ya ha puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar los datos que ellos venían manejando sobre este problema, sorprendidos también por el caso de Javier de Burgos.

Pero más allá de la acción de colectivos ciudadanos, deben ser las administraciones públicas, que tienen más medios, las que elaboren un nuevo estudio en profundidad sobre el estado del parque inmobiliario de la ciudad, que permita tener el mapa actual de la infravivienda que pueda quedar en uso.

Desde Derechos Humanos se considera esencial esta actualización ya que, con la misma, se podrá constatar si lo ahora conocido en Javier de Burgos ha sido un caso puntual o si es necesario activar una especie de II Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, y de esta forma terminar de forma definitiva el trabajo iniciado en 1999 por la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento gaditano.

A la vez, entidades vecinales reclaman un mayor control sobre el estado de las viviendas, con una respuesta rápida cuando hay denuncias como las que se venían lanzando en la finca propiedad del Sareb sin que se adoptasen medidas para su arreglo.