El desahucio de una vivienda es una lacra que sufre la ciudad y queda oculta en la mayor parte de las ocasiones. Salvo que los propios afectados o entidades vecinales lo denuncien, los desahucios se producen a lo largo de todo el año y en silencio, producto en la mayor parte de las ocasiones de la opacidad que reclaman las propias familias que se quedan sin vivienda, en muchos casos avergonzadas por la situación en la que se encuentran.

La mejora de la situación económica, según los datos macroeconómicos, no llega a quienes menos tiene, por lo que el de la vivienda sigue siendo el gran problema que tiene Cádiz, en estrecha relación con el desempleo.

Los datos que se aportan desde la admnistración judicial son elocuentes: en los primeros seis meses desde la firma del convenio que el decanato de jueces y el Ayuntamiento rubricaron, el 30 de noviembre de 2015, para un mejor control de los casos que podrían acabar en una pérdida de la vivienda, se han producido en Cádiz 35 desahucios. La cifra supone casi un desahucio en la capital cada cinco días.

Los datos, sin embargo, se incrementan de forma más que notable si atendemos a las demandas de desahucio que en este mismo periodo, hasta el pasado 31 de mayo, se han recibido en los juzgados en la ciudad: 123. Pero el número crece aún más si atendemos al señalamiento de lanzamientos, que se dispara hasta los 138 (teniendo en cuenta que aquí se incluyen demandas anteriores a diciembre de 2015).

Con todo, los titulares de los juzgados han firmado 83 mandamientos para hacerlos efectivos, lo que ha ocurrido en 35 casos. El resto, o bien se han salvado en el último minuto o bien están pendientes de ejecutarse.

El convenio firmado entre el alcalde, José María González, y el juez decano, Pablo Sánchez Martín, buscaba agilizar la información que los servicios sociales municipales reciben de órdenes de desahucio que se dictan en la ciudad, teniendo de esta forma más tiempo para actuar, bien evitándolo o bien buscando una vivienda alternativa a la familia afectada.

Este convenio venía a reforzar la labor que el Ayuntamiento ya realizaba durante la etapa del PP, donde también se actuaba para reducir estos casos. La propia concejala de Servicios Sociales de Podemos, Ana Fernández, reconoció hace unas semanas que tras ver lo que se hacía en su delegación había descubierto que con los populares también se paraban desahucios en la ciudad.

En todo caso, en este medio año de funcionamiento del convenio, el Ayuntamiento atendió a 116 casos de los que un elevado porcentaje, 41, pudieron ser resueltos de forma positiva. De este centenar de situaciones 83 se centraban en problemas de arrendamientos, 25 por impago de hipotecas y 18 por situación en precario (ocupando una vivienda). Destaca Pablo Sánchez que las cifras oficiales de estos seis meses son similares a los últimos años de la crisis económica y social. En 2014 se llegaron a contabilizar 282 procedimientos, casi uno por día.