Hace un año y medio, el vicepresidente de la Junta y titular de Justicia, Juan Marín, acordaba con el alcalde de la ciudad, José María González, la hoja de ruta que había que seguir para que la Ciudad de la Justicia se construyera en los antiguos depósitos de tabaco. Una serie de trámites en un camino que quedaba despejado con la visita de Marín al Ayuntamiento y que vaticinaban que a lo largo de 2019 pudiera cerrarse el convenio para empezar a trabajar en el proyecto ese mismo año. Pero no ha sido hasta año y medio después cuando la ciudad ha asistido al último de esos trámites. Después de meses de retraso y de negociaciones entre Junta y Ayuntamiento, el Pleno ha aprobado al fin este viernes, con el apoyo unánime de los concejales, la cesión de los espacios necesarios para construir en el barrio de Loreto la Ciudad de la Justicia.

Con este acuerdo, la administración andaluza recibe más de 20.000 metros cuadrados de superficie que han sido valoradas en 6,8 millones de euros y por las que la Junta no tendrá que atender ninguna contraprestación, más allá de construir el equipamiento judicial. Un auténtico regalo que la ciudad hace de uno de los suelos con mayor proyección de extramuros.

Esta cuantía resulta del informe de valoración realizado por los técnicos y fechado el pasado mes de enero, donde se llega a la cifra final de 4.064.900 euros por el valor del suelo no edificado; a los que se suman otros 2.752.247 euros por el valor de los inmuebles que tendrá que rehabilitar la Junta. Por tanto, en total se ha fijado un valor de 6.817.147 euros por el espacio que recibirá la Consejería de Justicia, que no abonará ninguna contraprestación económica por ello. El único compromiso es que la Ciudad de la Justicia, y no otro equipamiento ni uso, esté construida en el período de cinco años.

Reparcelación

La nueva configuración de estos depósitos ha arrojado un conjunto en el que quedan establecidas hasta siete parcelas distintas, con distintos fines y en manos de propietarios o titulares igualmente distintos.

Las dos primeras parcelas se localizan en el extremo de la manzana donde conectan la avenida de la Sanidad Pública y Marconi; ambas se destinarán a la construcción de viviendas, la primera de ella bajo la tutela de la anterior propietaria de los antiguos depósitos, Logista, y la segunda del propio Ayuntamiento para la construcción de viviendas protegidas.

La parcela 3, con más de 11.000 metros cuadrados, concentra a todo el espacio libre y las zonas verdes que rodean a los históricos depósitos, que conforman la parcela 4, la más grande del conjunto (por encima de los 20.000 metros cuadrados de superficie) y que además de los depósitos engloba también los dos edificios gemelos de planta cuadrada situados a ambos extremos (junto a la Avenida Marconi y junto a la calle Girasol).

La parcela número 5 recoge todo el conjunto que se localiza desde el acceso a los depósitos por Marconi hacia la izquierda, hasta colindar con la calle Airbus. Y dentro de esa parcela, de 7.800 metros cuadrados de superficie, se localiza la número 6, correspondiente al centro de salud que la propia Junta de Andalucía tiene en este barrio de Loreto.

Por último, quedaría la parcela número 7 que recoge toda la urbanización alrededor de los antiguos depósitos.

Del total de casi 50.000 metros cuadrados que suma este antiguo conjunto de producción tabaquera, el 40% va a pasar a manos de la Junta de Andalucía. Alrededor de 20.000 metros cuadrados que quedan repartidos en buena parte de la parcela 4 (prácticamente la mitad de los antiguos depósitos de ladrillos, en concreto dos naves de 2.500 metros cuadrados, la tranversal a estas naves, con 1.040 metros cuadrados, y otros 1.500 metros cuadrados del espacio entre las naves) y los dos edificios anexos, de 1.100 metros cuadrados cada uno) y en la parcela 5 al completo, que cuenta con un edificio (el antiguo almacén).

Una vez culminado este proceso municipal, la pelota pasa al tejado de la Junta de Andalucía, que contempla una mínima partida (de 622.000 euros) en comparación con lo que necesita la construcción del equipamiento. Esa partida prevista en los presupuestos de 2021 se destinará únicamente a la redacción de un proyecto que, como recordaron ayer los propios concejales, no satisface al completo a los operadores judiciales. El inicio de las obras, por tanto, no se espera al menos hasta el año 2022.