Coronavirus | Cádiz La Apdha pide que se investigue un supuesto abuso policial en pleno estado de alarma

  • Un ciudadano que infringió el confinamiento porque preparaba su negocio para la reapertura denunció un trato “brutal y violento” contra él y contra su pareja

  • Los afectados fueron luego condenados "de conformidad" en un juicio rápido por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad

Los hechos se iniciaron en la Avenida Juan Carlos I, de madrugada. Los hechos se iniciaron en la Avenida Juan Carlos I, de madrugada.

Los hechos se iniciaron en la Avenida Juan Carlos I, de madrugada.

La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha pedido a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz una investigación rigurosa sobre un supuesto caso de abuso policial que se produjo, en pleno estado de alarma, contra una pareja de ciudadanos que había infringido la prohibición de circular por la vía pública, según difundió ayer el colectivo a través de un comunicado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 7 de mayo , según consta en la denuncia interpuesta por uno de los afectados, a la que ha tenido acceso este periódico. Todavía en fase 0, Y. E. G. caminaba por la Avenida Juan Carlos I a altas horas de la madrugada, cuando fue interceptada por una patrulla de la Policía Nacional, que le pidió la documentación y le preguntó que a dónde se dirigía. Ella dijo que a comprobar cómo se encontraba su novio, E. G. Q, que, junto a un amigo, estaba preparando la reapertura de la peluquería que regenta. Se estaba retrasando mucho su regreso a casa y no le respondía al teléfono móvil. Y. E. G. invitó a los agentes a comprobarlo y se dirigieron al establecimiento.

Una vez a allí, E. G. Q, que dada la hora que era decidió quedarse en el local durmiendo con su amigo, permitió la entrada a los agentes, que les pidieron la documentación. Según el relato que hizo el ciudadano a este periódico, cometió el error de darle al agente una tarjeta de crédito, en vez del DNI, lo que dio pie a una discusión con uno de los agentes, en la que también intervino Y. E. G. Los dos “fueron fuertemente agredidos por los agentes indicados sin razón aparente”, dice textualmente la denuncia. Los agentes indicados son tres, identificados por sus números, y un cuarto, sin identificar.

“Dichos agentes [...] propinaron inicialmente un fuerte empujón a E. G. Q. (según consta en el vídeo), lo que provoca que la Sra. E. G. le pida alguna explicación al agente por su actuación, siendo la misma a continuación fuertemente agredida y tirada al suelo de manera brutal”. El vídeo al que se refiere la denuncia es al que grabaron unas cámaras de seguridad que había en el establecimiento y que ha sido aportado como prueba de los hechos, explican desde la Apdha.

Inmediatamente fueron detenidos por “teóricamente, haberse resistido”, según consta en la denuncia, y trasladados primero a la Comisaría de Cádiz, que no dispone de calabozos, y después a la de San Fernando. Por esa resistencia y desobediencia, que la defensa considera que no es cierta, al no reflejarse en la grabación, fueron condenados “de conformidad” en un juicio rápido. “Posteriormente, tras la detención, fueron insultados, golpeados, maltratados y vejados de manera continuada”, recoge textualmente la denuncia.

"La restricción de derechos fundamentales no puede ser patente de corso para que algunos se excedan", alertan desde Derechos Humanos

Según sostienen fuentes consultadas por la Apdha, “los vídeos de las cámaras de seguridad [de la peluquería] muestran que, una vez allí y sin que mediase ningún tipo de provocación ni ataque físico, los policías acometieron violentamente contra el propietario de la peluquería y su pareja. Las imágenes, que están aportadas en sede judicial, ponen de relieve una acción violenta por parte de la policía absolutamente desproporcionada e injustificable”. Además, la Apdha añade que “los hechos relatados por estas personas manifiestan también una serie de agresiones físicas posteriores, incluso en Comisaría”.

Derechos Humanos recuerda que “la restricción de derechos fundamentales que el estado de alarma conllevaba ha sido asumida por la ciudadanía en aras de la salud pública. No obstante, esto no puede ser una patente de corso para que algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se excedan en las labores de control”.

Un portavoz de la Policía Nacional declinó hacer declaraciones sobre el caso, pero recordó que ambas personas están condenadas por resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y que los policías están a disposición del juzgado, en el caso de que se les requiera su comparecencia, para aportar las pruebas que procedan sobre su intervención.

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