La Junta de Andalucía tiene en cartera varios proyectos de vivienda en Cádiz que, iniciados o incluso terminados de ejecutar durante el pasado gobierno socialista, sufren una importante ralentización por culpa de los trámites administrativos.

Las actuaciones en materia de rehabilitación o de nueva planta supusieron en su momento la reactivación de los planes de vivienda de la Junta en la ciudad, tras varios años de interrupción. En dos casos las operaciones son de gran calado y forman parte de proyectos referentes para la ciudad, como son la rehabilitación del Cerro del Moro y la segunda fase del Matadero. En ambos casos son proyectos cuyo desarrollo acumulan más de una década de atrasos.

En materia de rehabilitación destaca el proyecto de Troilo 1 y 3, en el barrio de Santa María. Aquí hace más de medio año la Junta, aún gobernada por el PSOE, adjudicó los pisos a los nuevos inquilinos. Han pasado los meses pero los vecinos aún no han recibido las llaves de sus casas y, al menos hasta este miércoles pasado, desconocían cuándo podrían ocuparlas. Ayer la Junta informó que los pisos se ocuparán "en breve, una vez concluyan los trámites de adjudicación y se firmen los contratos".

En total son once viviendas. De las familias originales, cuatro han renunciado a volver al edificio, permaneciendo en los pisos de realojo a los que fueron trasladados en su momento; otras seis familias sí retornarán al barrio de Santa María; otras tres familias son inquilinas del parque público y van a ocupar estas casas en parte por motivos de movilidad. Otras dos viviendas se han puesto a disposición del Registro Municipal de Demandantes.

La inversión se ha elevado a 705.503 euros.

En Corralón de los Carros 48-50 también se ha levantado una finca cuyas obras, tras años de espera, se iniciaron en agosto de 2016, con un coste de 357.160 euros.

En total son seis viviendas. Tres están ocupadas por familias procedentes del Registro Municipal, otra por un antiguo vecino del viejo edificio y otra a inquilinos de la junta que se han trasladado a este inmueble. El último piso está pendiente de una entrevista de un peticionario de casas en el registro oficial.

Matadero iba a convertirse en el gran contenedor de viviendas de realojo para facilitar la rehabilitación del casco antiguo. De las 200 viviendas previstas sólo se construyeron la mitad, y con años de retraso. Ahora se afronta la segunda fase que, a su vez, se dividirá en dos tramos, con 60 pisos la primera y 42 la segunda.Aunque el Ayuntamiento de Cádiz ya concedió la licencia de obras el 1 de junio de 2018, hace trece meses, los trabajos todavía no se han iniciado ya que la Junta está pendiente de la autorización de un endeudamiento por un total de 5,7 millones de euros, que afrontará la Agencia de la Vivienda.

El plazo de ejecución se estima en dos años. El edificio contará con doce plantas, reservándose las dos primeras para usos dotacionales. El proyecto incluye garajes. Todos los pisos, de dos y tres dormitorios, serán en régimen de arrendamiento.

La cuarta gran operación pendiente de la gestión administrativa es la que se centra en las dos últimas fases de la rehabilitación del Cerro del Moro.

Hay que tener en cuenta que el plan de rehabilitación de esta barriada preveía en total una década de obras, por lo que debería de haberse concluido en 2005. El retraso es más que evidente.

La reanudación del proyecto ha sido complicada al afectar a fincas cuyos vecinos eran propietarios de las casas y no inquilinos de la Junta.

Para poder acometer esta operación la Agencia de la Vivienda ha tenido que hacerse con la escritura de propiedad de las 47 viviendas de los tres bloques afectados. Ya se han firmado 45 y una de un local. Quedan pendientes dos pisos y dos locales comerciales.

La existencia de varios propietarios, la falta de documentación y otras cuestiones provocó que la Junta solicitase al Ayuntamiento la declaración de ruina de los tres edificios, lo que se hará de forma inmediata, y lo que agilizarán todo la tramitación pendiente.

En todo caso, ya está redactado el proyecto de demolición de los edificios. Ayuntamiento y Junta ya firmaron en noviembre de 2018 un convenio urbanístico que permitirá la intervención, al ser una unidad de ejecución por cooperación. En total se construirán 67 nuevas viviendas.