El Ayuntamiento de Cádiz negocia una solución para cerrar la Lonja

El Ayuntamiento de Cádiz parece decidido a desbloquear al fin una operación urbanística que lleva años planteada, por los últimos equipos de gobierno, sin que haya habido avance alguno en este tiempo. La Lonja de Frutas. La plasmación de su nombre en el próximo crédito bancario que va a pedir el gobierno de Bruno García (de 19,7 millones de euros, ya aprobado en el último pleno) lleva a pensar que, efectivamente, al fin se va a actuar en este edificio que inaugurara en 1983 Carlos Díaz y que ha llegado al final de su actividad. O eso pretende el Ayuntamiento.

El futuro de la Lonja ya se conoce: será derribada para construir viviendas en su lugar. El proyecto no es nuevo, de hecho viene recogido en el PGOU, documento que detalla la operación pretendida. Así, se plantea la eliminación de la edificación actual, de 9.873 metros cuadrados de superficie; y en su lugar se plantea un nuevo edificio destinado a viviendas con una edificabilidad de 10.160 metros cuadrados que daría cabida a algo más de un centenar de viviendas protegidas (104, según el PGOU), así como un aparcamiento subterráneo con 3.810 metros cuadrados de superficie y un local en planta baja de 1.270 metros cuadrados de edificabilidad. El plan descrito en el PGOU incluye la creación de zonas verdes deportivas como anexo al pabellón Ciudad de Cádiz así como la integración del centro juvenil La Báscula anexo a la Lonja, “mejorando ambientalmente la fachada urbana hacia la nueva Zona Franca”.

Todo ello se quiere poner en marcha lo antes posible, pero el Ayuntamiento está bloqueado en el mismo punto en que quedaron los anteriores gobiernos municipales. Y es que la solución a la Lonja no parece fácil. Hace años ya hubo un intento, con José María González Kichi como alcalde, de trasladar la Lonja a otros espacios situados en la Zona Franca (los empresarios plantearon irse al entorno de Ibérica Aga), pero esas conversaciones con el consorcio estatal no prosperaron y no fue posible alternativa alguna.

Ante este escenario, el gobierno de Bruno García ha abierto otra vía, que sería el pago de una indemnización a los empresarios que siguen en la Lonja para proceder al cierre definitivo del edificio y que sea cada empresa la que busque las opciones de seguir desarrollando ese trabajo en la ciudad (o fuera de ella). Desde el entorno del alcalde se asegura que se está actualmente en conversaciones para avanzar en esta vía de negociación, que permitiría liberar el edificio situado en la calle Adelfas sin la necesidad exigida hasta ahora de buscar antes una sede alternativa para mantener la Lonja.

Entre otras razones, se considera que esta actividad relacionada con la fruta no tiene ya la intensidad que tuvo en su momento, cuando el Ayuntamiento se vio obligado a trasladar la lonja municipal de la calle Puerto Chico a Cortadura. Hoy en día resisten allí media docena de empresarios que surten a cada vez menos fruterías de la ciudad, pues muchos son los que optan ir a diario por el género directamente a Conil y otras localidades.

Esta merma de la actividad es la que lleva a pensar que una lonja municipal como tal quizás no es un equipamiento necesario hoy en día, de ahí que se esté negociando una indemnización económica a cada usuario actual del edificio de Adelfas como posibilidad para desbloquear el proyecto urbanístico de construir nuevas viviendas en ese entorno del pabellón Ciudad de Cádiz y la Plaza de Jerez.

Conviene reseñar que de cara a poner en marcha esa operación, el gobierno se ha asegurado ya una financiación de 1,4 millones de euros dentro de ese préstamo de 19,7 millones, que en principio se destinarían al derribo de la actual edificación, dando así vía libre al proyecto de construcción de ese centenar de nuevas viviendas que contempla el PGOU.