Cádiz afianza su cambio tras un mes de julio muy prolífico en nuevos proyectos desde el Ayuntamiento

La norma más básica para los gobiernos de los más de 8.000 municipios de este país es que su gestión debe centrarse en mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Esta prioridad choca con la capacidad de gestión que pueda tener cada gobierno, más o menos preparado para realizar este trabajo, y la situación financiera del Ayuntamiento de turno. No es lo mismo sacar adelante una ciudad con las arcas llenas que viviendo siempre a lo justo.

A un paso de conmemorar los 50 años de ayuntamientos democráticos, en Cádiz siempre hemos ido viviendo año tras año mirando la peseta, primero, y el euro, después. Aquí cuando los gobiernos se han endeudado es porque se lo han gastado, en su mayor parte, en mejorar la ciudad. Con mayor o menos acierto, con obras más o menos adecuadas. Tanto Carlos Díaz como Teófila Martínez exprimieron al máximo sus presupuestos. A cambio en sus 36 años de gobierno, entre uno y otra, Cádiz experimentó un cambio radical, lejos de la ciudad hundida en la quiebra que dejó el franquismo.

En ambos casos, dejaron como herencia deudas altas. Pero restando algún proyecto innecesario, el dinero se destinó a reformar la ciudad: más viviendas, mejores calles y plazas, más servicios públicos y culturales, más zonas verdes, mejores paseos, el tren soterrado, mejores colegios públicos...

La etapa de José María González supuso una ruptura abrupta en este concepto de gestión. Frente a lo que algunos auguraban, el gobierno de izquierda concentró sus esfuerzos económicos en reducir la deuda bancaria, hasta el punto que la inversión en la ciudad fue casi nula. Un modelo que provocó más de una tensión entre los socios de gobiernos, con los ediles de Ganar reclamando más dinero para vivienda, servicios sociales y mantenimiento urbano.

No gastar nada mejora las cuentas, sí, pero resta efectividad a la ciudad en todos los frentes, y más en una capital como Cádiz, falta de grandes empresas y con el suelo casi agotado, que depende tanto y tanto de lo que haga su Ayuntamiento. Y cuando este no hace nada, o casi nada, entra en colapso.

No es una reflexión partidista. La realidad está ahí, y la reconocen (siempre en privado, claro) parte de quienes participaron en esta coalición.

Falta de inversión pública

Gasto cero que se unió a la paralización de la gestión pública, a la necesidad de renovar diversos contratos de servicios esenciales para la ciudad que no salieron adelante; a la paralización de la ampliación de la plantilla municipal, necesaria para mantener un ritmo de trabajo adecuado.

El nuevo gobierno que llegó a San Juan de Dios, de la mano de Bruno García, se encontró así con un Ayuntamiento con las cuentas sustancialmente más saneadas (aún debiendo todavía cerca de 100 millones de euros), pero todo a cambio de una ciudad en la que no se había invertido casi nada durante ocho años.

Era, y es, urgente para Cádiz revertir este modelo de gestión. Los dos primeros años del gobierno de Bruno García han pasado con más incertidumbres que realidades. Solventando en buena parte los problemas heredados, a un ritmo más lento de lo que se esperaba y con algunos bandazos en la toma de decisiones.

En este proceso de reactivación de la ciudad, el mes de julio que ahora concluye ha sido prolífico a la hora del anuncio de nuevos proyectos y en la apertura de nuevos equipamientos. Además de la entrada en funcionamiento de diversos contratos de relevancia en materia social y de mantenimiento urbano, que todo cuenta.

Tras los meses, largos, de adaptación a su nueva función, Bruno García parece que ya comienza a hacerse fuerte en el cargo de alcalde, a manejar mejor los tiempos y, también, las crisis, como el largo conflicto en los autobuses urbanos. Su intervención, como reconocieron los propios trabajadores, ha sido relevante para poder llegar a un acuerdo entre las dos partes enfrentadas.

Lejos de un estado de ánimo decaído por lo complicado que en esta ciudad resulta sacar adelante casi todo, Bruno García afronta con evidente vitalidad los dos últimos años de su mandato.

Junto al anuncio de la activación de proyectos que llevaban años en la lista de espera y la llegada de inversiones millonarias, con especial apuesta por la vivienda, y junto a la reactivación de proyectos ajenos, como Valcárcel y Ciudad de la Justicia, el alcalde ha completado este mes con su órdago para comprar el suelo del hospital.

Ya hemos escrito en más de una ocasión que este problema, que se alarga desde hace 20 años, tendría que haberlo arreglo Junta y Estado. Pero una vez que se ha metido el Ayuntamiento, su dinero vale tanto como el de la administración regional a la hora de aceptar la Zona Franca su oferta de compra.

Ahora queda, y no es poco, que todo lo que se ha anunciado en estas semanas se haga realidad en el tiempo prometido. Y que las inversiones pública se mantengan en los próximos ejercicios.