El autobús incendiado en Cádiz tiene más de 22 años de antigüedad

El vehículo que salió ardiendo en la Avenida principal este jueves fue adquirido en abril de 2003, duplicando casi la vida útil que se asocia a los autobuses urbanos

Bomberos actuando en el incendio del autobús urbano este jueves en la Avenida de Cádiz.
Bomberos actuando en el incendio del autobús urbano este jueves en la Avenida de Cádiz. / CPBC

Casi el doble que la edad considerada suficiente para la 'jubilación'. El autobús urbano que este jueves salía ardiendo en la Avenida principal de Cádiz, cuando se dirigía con pasajeros a bordo hacia el casco histórico, superaba los 22 años de edad.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 15.00 horas del jueves, cuando el vehículo, que prestaba servicio en la Línea 1 de autobuses urbanos, sufrió un fuego en el motor, situado en la parte trasera, cuando circulaba a la altura de la iglesia de San José. El incendio provocó el desalojo de los usuarios del autobús y el corte al tráfico de ese carril de la Avenida por espacio superior a las dos horas. Los Bomberos se hicieron cargo de este suceso, después de que en un primer momento actuaran la conductora del autobús y el empleado de un establecimiento de hostelería cercano utilizando sendos extintores, necesitando siete efectivos y tres vehículos desplazados al lugar.

El autobús en cuestión fue adquirido por la empresa Tranvía para prestar el servicio de transporte urbano de Cádiz en abril del año 2003, por lo que supera ya los 22 años de antigüedad y de actividad diaria circulando por la ciudad. Una edad mucho mayor que la recomendada para este servicio urbano, que cuantifica la vida útil de los vehículos en los 12 años.

Pese a la antigüedad, hay que señalar que no se trata ni mucho menos de los vehículos más viejos que circulan en las líneas urbanas, siguiendo en activo autobuses adquiridos en 1999 (es decir, con más de un cuarto de siglo de actividad) y en el año 2000. Este autobús de 2003 se incorporó junto a otros tres comprados en el mismo paquete, que a su vez se sumaban a otros seis que fueron adquiridos a principios de ese año 2003.

Todo ello vuelve a dar muestra, una vez más, del envejecimiento de la flota de autobuses de Tranvía, a excepción de los seis vehículos que fueron adquiridos en el año 2022 y que mantiene al Ayuntamiento y a la empresa prestataria del servicio enfrentados ya que el Consistorio no reconoce ahora la obligación de pagar esos seis nuevos autobuses que pidió y anunció el anterior gobierno.

Salvando esos seis que llevan 3 años en servicio, los autobuses que circulan a diario por Cádiz han superado todos la vida útil de 12 años que aconsejan técnicamente para estos vehículos. Así, los hay que llevan 18 años en servicio (un total de nueve), 19 años (tres autobuses), 20 (otros diez), 22 años (diez más, incluido el incendiado el jueves), 25 años (cuatro que fueron adquiridos en el 2000) y 26 (los seis últimos, que se adquirieron en 1999). Todo ello después de que en 2022 pudieran jubilarse los seis más antiguos, que se incorporaron en 1998 y que, por tanto, estuvieron prestando servicio durante 27 años).

A la espera del nuevo contrato

Así las cosas, el escenario sigue a la espera de que el Ayuntamiento defina, apruebe y tramite el nuevo contrato del servicio de transporte urbano, que lleva años redactándose en las oficinas municipales. De hecho, días atrás se conoció que el único avance logrado hasta la fecha, la aprobación de la estructura de costes, ha caído en saco roto ya que los cambios en la configuración del contrato entre la idea que tenía Adelante y la que defiende ahora el PP y el tiempo transcurrido desde aquella aprobación (más de tres años ya) obligarán a aprobar nuevamente este documento que se considera el punto inicial de toda la tramitación posterior.

El objetivo del equipo de gobierno ahora es que en septiembre pueda iniciar la tramitación del nuevo contrato. Es decir, la aprobación de la estructura de costes. Y a partir de ahí, poner en marcha todo el procedimiento hasta adjudicar y firmar el que será primer contrato entre el Ayuntamiento y una empresa privada para la prestación del servicio urbano de transporte.

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