La crisis financiera y bancaria ha cambiado el perfil de quienes sufren el desahucio de su casa por la falta de pago de la misma. Si antes la principal causa de los lanzamientos judiciales se debía al impago de las hipotecas, ahora es la imposibilidad de hacer frente a la renta mensual la que provoca la mayor parte de estas acciones judiciales.

El pasado año el 83% de los casos de desahucios sobre los que el Ayuntamiento actuó, para evitarlos o paliar el daño social en las familias afectadas, fueron por cuestiones de arrendamiento, mientras que apenas el 7,3% lo fueron por la presión hipotecaria, y un 9,7% por otras causas. Si tenemos en cuenta el periodo desde octubre de 2015, cuando el Ayuntamiento puso en marcha la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, las hipotecas se llevan el 10% de los desahucios y el arrendamiento, el 78%.

En un estudio que sobre la gestión de esta oficina ha realizado Procasa, entre octubre de 2015 y noviembre de 2018, el Ayuntamiento ha mediado en 354 casos, de los que la gran mayoría, el 70%, se han detectado en el casco antiguo antiguo, y el 30% restante en viviendas de extramuros.

El acceso a este servicio de mediación se llega a través de Procasa, los Servicios Sociales y, también, a través del propio juzgado, tras el protocolo que se firmó entre el Ayuntamiento y el decanato de juzgados de Cádiz en noviembre de 2015.

Casi la mitad de estos casos han sido resueltos de forma favorable, es decir, se ha evitado el desahucio de los inquilinos. Han sido un total de 162, bien porque se mantienen en la vivienda o bien porque se han instalado en otra residencia, con las condiciones de habitabilidad adecuadas.

Hay que tener en cuenta que aún hay 152 casos que siguen abiertos, por lo que esta cifra positiva se podrá incrementar de forma notable al final del proceso.

Por el contrario, se cerraron 16 expedientes de forma negativa. En parte de estos casos, los afectados optaron por entregar las llaves de la casa de forma voluntaria, aún sin conseguir otra alternativa habitacional; en otros, cuando se ha acudido a la oficina municipal el proceso judicial se encontraba en un punto sin posibilidad de marcha atrás.

A la vez, se han dado casos, 25, en los que se tuvo que abandonar la mediación ante la falta de colaboración por parte de los afectados.

2017 fue un año especialmente negativo en cuanto a la amenaza de desahucios. Cuando actuó el Ayuntamiento había ya 40 lanzamientos previstos, que se pudieron evitar. El año pasado el dato se rebajó a la mitad: 18.

La efectividad de este servicio de mediación ha permitido incrementar poco a poco los casos que se han solventado de forma positiva. Si en sus dos primeros años de funcionamiento se llegaba al 42%, ya se roza el 48%.

Se destaca desde Procasa que los casos por impago se coordinan desde Servicios Sociales "para la valoración y tramitación de ayudas al pago del alquiler o de ayudas para la formalización de un nuevo contrato en otra vivienda, en los casos de impago de alquiler en los que no es posible enervar y no se llega a un acuerdo con la propiedad, la solución más viable consiste en conseguir un aplazamiento del desahucio o requerimiento para obtener más tiempo para encontrar una alternativa ocupacional a la familia afectada".

Es éste uno de los grandes problemas con los que se encuentra el Ayuntamiento ya que el parque público de vivienda, incluido el autonómico, apenas dispone de viviendas para realojo. Para ello estaban destinadas las dos fases previstas en Matadero.