AIG propone un protocolo de contratación pública en el Ayuntamiento de Cádiz

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz una moción con el objetivo de que el Consistorio elabore y apruebe un protocolo de contratación pública que refuerce la transparencia, la eficacia en la gestión y la protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras.

Para AIG, la contratación pública constituye una de las herramientas más poderosas de las que dispone una administración local para “garantizar servicios públicos de calidad, proteger el interés general y promover condiciones laborales dignas”. En una ciudad como Cádiz, donde el Ayuntamiento es un agente económico de primer orden, la forma en que se adjudican los contratos públicos tiene un impacto directo en el empleo, en el tejido empresarial local y en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

En los últimos años, distintas incidencias en procesos de contratación han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control, transparencia y responsabilidad en la adjudicación y ejecución de contratos municipales. Ante esta situación, el concejal Carlos Paradas considera “imprescindible” avanzar hacia “un modelo de contratación pública más riguroso, que priorice no sólo criterios económicos, sino también éticos, sociales y laborales”.

Al respecto, Paradas ha subrayado que la contratación pública “no puede limitarse a ver quién ofrece el precio más bajo. El dinero público debe servir para garantizar servicios de calidad y también para asegurar que las empresas que trabajan para el Ayuntamiento respetan escrupulosamente los derechos laborales y el interés general”.

Es por ello que “no es aceptable que empresas que hayan vulnerado derechos laborales o que hayan incumplido sus obligaciones con este Ayuntamiento puedan volver a concurrir como si nada hubiera ocurrido. Necesitamos reglas claras, firmes y transparentes que”.

Así, la propuesta de AIG plantea, en primer lugar, la redacción de un protocolo de contratación pública que incluya, al menos, las siguientes medidas: Prohibición de contratar con el Ayuntamiento de Cádiz a aquellas empresas que hayan sido objeto de una penalización de carácter laboral vinculada con el Consistorio en los diez años anteriores a la licitación a la que se presenten; exclusión directa de empresas que participen en una misma licitación cuando exista vinculación familiar (mismos apellidos) o vínculos accionariales entre ellas; aumento de las penalizaciones por retirada injustificada de ofertas y prohibición de concurrir a otras licitaciones municipales durante los tres años siguientes; e implantación de medidas y procedimientos que permitan una gestión más transparente y eficaz de la contratación pública municipal.

Asimismo, la moción contempla la aprobación y ratificación de este protocolo por el Pleno en un plazo máximo de tres meses, así como instar a la Delegación Municipal de Contratación a reforzar la coordinación entre contratos de obras y de suministro de equipamientos, evitando dilaciones innecesarias en la puesta en marcha de dependencias municipales.

“El objetivo es claro: blindar el interés general, proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras y recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal”, concluye Carlos Paradas.