La Subdelegación del Gobierno ha recurrido la sentencia sobre la municipalización de los servicios de playa que daba la razón al Ayuntamiento de Cádiz en relación al proceso seguido. La Abogacía del Estado ha elevado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicitando la nulidad de la sentencia y, por tanto, del rescate de los servicios de playa, siguiendo con ello lo que demandaba el Partido Popular cuando se conoció el fallo del Contencioso Administrativo.

En el recurso ya elevado, al que ha tenido acceso este periódico, la Subdelegación se detiene en tres aspectos que contenía la sentencia desestimatoria de la demanda inicial.

Por un lado, hace referencia a la sucesión de empresas que el Juzgado Contencioso Administrativo entiende que se ha producido con la municipalización de servicios. Frente a esto, la Subdelegación apela que la sociedad Cádiz 2000 asumió unos servicios "sin capacidad para prestarlos", lo que supone una ilegalidad y una vulneración independientemente de la fórmula judicial luego utilizada para llevar a cabo esta municipalización.

En segundo lugar, el recurso se centra en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, que si bien el juzgado entiende que se cumple en el caso de la municipalización, la Subdelegación señala que incumple la disposición adicional décimoquinta, por la que una empresa (Cádiz 2000) que disponía de seis trabajadores en plantilla no puede asumir una cifra superior al 100% de la tasa de reposición, como ha ocurrido con la contratación de 105 personas. "Se estarían vulnerando los límites a la contratación", apela la Subdelegación.

Por último, se recurre el concepto de fraude de ley en relación a la incorporación de personal, que queda rechazado en la sentencia del Contencioso Administrativo, al hacer una excepción por tratarse de una sociedad mercantil local; frente a esto, la Subdelegación defiende que la intención de la legislación es "evitar el engrosamiento de las plantillas del sector público sin respetar los principios de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad". En caso contrario, "constituiría una puerta de atrás de entrada en las administraciones públicas", apela la Abogacía del Estado.

Tras conocer la interposición de este recurso, fuentes cercanas al equipo de gobierno han llamado la atención sobre "el cambio de criterio del subdelegado, José Pacheco, que en su día indicó que si la sentencia fuera favorable al Consistorio no recurriría". Y más que en el subdelegado, Podemos centra sus críticas en el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fran González, al que acusa directamente de liderar "el golpe al proyecto de recuperación de los servicios públicos de la playa". "Pacheco está al servicio de Fran González, que utiliza las administraciones a su servicio", han criticado fuentes cercanas al gobierno municipal, recordando que con este recurso la Subdelegación "hace caso al Partido Popular, que es el que pidió recurrir". Una decisión, la del recurso, que era "potestativa".

No olvida el gobierno el otro frente abierto en las playas de la ciudad, con la denuncia de Ciudadanos sobre los chiringuitos que sentará el jueves al alcalde en el Juzgado como investigado. "Se demuestra así la existencia de esa triple alianza de la oposición que venimos denunciando y en la que Fran González mueve a sus peones", han criticado.