La vía judicial comienza a tomar relevancia en la polémica de los chiringuitos. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar al alcalde, José María González Kichi, en calidad de investigado el próximo jueves dentro de las diligencias previas que se han abierto por la denuncia interpuesta por los concejales de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con la transmisión de la titularidad de los negocios playeros.

En declaraciones a Europa Press, tanto Pérez Dorao como Fernández-Trujillo se reafirmaron en las posiciones que ha defendido la formación naranja desde la presentación de la denuncia el pasado mes de julio. Así, ambos remarcaron que ésta se dirige al alcalde “al ser éste el que ha firmado el decreto de la concesión de la gestión de los chiringuitos a los empresarios donde se aprecia la presunta comisión de dos delitos”.

Éstos, según los ediles de Ciudadanos, se sustentan en que se ha completado el traspaso de las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los chiringuitos “sin presentar un concurso público”, además de “ceder las concesiones de forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna, lo que es evidente perjuicio para el patrimonio municipal”.

Un aspecto que Fernández-Trujillo resaltó fue “las relevantes novedades” en las concesiones en referencia a la ampliación de la superficie, la apertura durante todo el año y el aumento de la duración de la concesión de 15 a 30 años. Éstas han sido solicitadas por los empresarios, siendo estimadas parcialmente por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta en su propuesta de condiciones. Además, también apuntó sobre la caducidad del expediente que ha sido decretada por la Junta de Gobierno Local que se ha realizado “intentando con ello crear la apariencia de que la transmisión no se hubiera producido”.

Por su parte, Pérez Dorao recordó que Medio Ambiente considera que el proceso ya se ha terminado, por lo que apuntó que “al ahora decir el Gobierno local que esa transmisión no se ha producido, algo que para la Consejería es ‘papel mojado’, ha generado una situación de inseguridad jurídica entre los empresarios”.

Fuentes cercanas al equipo de Gobierno salieron ayer al paso de esta citación judicial para atacar tanto al portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, como al resto de formaciones de la oposición. De esta manera, criticaron que esta situación “es otra más” de las que se han sucedido en esta legislatura por “una triple alianza” entre PSOE, Ciudadanos y PP, que “llevan desde hace años coordinando toda la ofensiva jurídica que este equipo de Gobierno está soportando”.

El equipo de Gobierno critica la "triple alianza" en sus ataques jurídicos.

Por ello, las citadas fuentes afirmaron a este medio que “lo que tenemos es un ataque jurídico más que será igualmente desmontado, igual que lo han sido las diferentes querellas que hemos recibido”.

Respecto a los presuntos delitos que se incluyen en la denuncia de Ciudadanos, en primer lugar señalaron sobre la prevaricación que “no ha habido en ningún caso transmisión de los chiringuitos, lo que hubo y se acordó en Junta de Gobierno Local fue la petición de información a la Junta de Andalucía para ver cuáles eran las condiciones para que se produjera esa transmisión. Una vez que vimos cuáles eran las condiciones, vimos que no se quería hacer esa transmisión”.

Así, estas fuentes cercanas al equipo de Gobierno municipal indicaron que la solicitud de información se realizó “por recomendaciones expresas y escritas de los técnicos de la casa”, además de recalcar que el desistimiento de la transmisión de la titularidad de los chiringuitos también se produce “por recomendaciones expresas y escritas de los mismos técnicos de la casa”.

Por otra parte, respecto a la presunta malversación, reseñaron que “es otra imputación falsa porque los empresarios de los chiringuitos han seguido pagando y recibiendo las reclamaciones para pagar el canon al Ayuntamiento”.

En otro orden de cosas, estas fuentes indicaron que la citación del alcalde en calidad de investigado se produce “porque normativamente está obligado, ya que Ciudadanos presentó una denuncia”. A su vez, también aclararon que “el juzgado en ningún momento se ha pronunciado sobre si existen indicios o no de delito, que es algo que, a estas alturas, es triste constatar que aún no ha aprendido siendo abogado Pérez Dorao”.

Asimismo, sobre esta citación, también hicieron referencia a la complejidad del procedimiento, “como bien demuestra que la información documental que aportan el Ayuntamiento y la Junta son más de 1.000 folios”. Esto hace que “tenga que ser analizada por el juzgado y la fiscalía, y, por tanto, es lógico que llamen a declarar al alcalde para que se pronuncie sobre esa misma documentación”.

Otro asunto en el que estas fuentes municipales incidieron fue en la decisión de dirigir la denuncia contra el primer edil. Así, aseveraron que “Ciudadanos acusa al alcalde de algo que ha realizado la Junta”. “Es la Junta quien se ha manifestado erróneamente hasta el día de hoy diciendo que los chiringuitos están transmitidos y la que está a favor de la modificación de la concesión”, manifestaron, a lo que añadieron que “es la Junta quien ha acordado ilegalmente la transmisión de los chiringuitos y su modificación”.

De hecho, estas fuentes utilizaron este argumento para resaltar que “si se hubiera producido la transmisión, lo normal es que la denuncia fuera para los dos –Junta y Ayuntamiento–. No se la hacen al señor Acuña –delegado territorial de Medio Ambiente–, se la hacen al alcalde de Cádiz. Eso es lo suficientemente sospechoso para poder deducir fácilmente que hay un apaño. Vuelve el complot de los cafés, en el que están el señor Pérez Dorao, el señor Romaní y el señor Fran González”.

Con todo, finalizaron comentando que “el alcalde irá a cuantos requerimientos judiciales se le pidan. Lo hará a pecho descubierto y con la verdad por delante porque su compromiso es la honestidad y la transparencia”.