En el resto de formaciones de políticas, las posiciones se dividieron entre las críticas del PP a la actuación del alcalde “por el desastre que está provocando en este asunto” y las peticiones del PSOE para que los trabajadores de los chiringuitos no paguen “las consecuencias” por esta polémica.

En primer lugar, el Grupo Municipal del PP afirmó que “el alcalde con su gestión ha puesto a los pies de los caballos a los empresarios y trabajadores de los chiringuitos, que son los verdaderos perjudicados”.

Así, recordó que “advertimos en su momento que el alcalde no podía firmar un decreto en el que la ciudad renunciaba al dominio de la playa”. Por esto, aseguraron los populares que “privatizar la playa tiene consecuencias y los perjudicados de buena fe son ahora los trabajadores, que ven peligrar su empleo”.

Asimismo, el PP denunció que se ha creado “un conflicto jurídico legal con la Junta y los empresarios de los chiringuitos que ahora no sabe resolver”. Por ello, manifestó que “lo primero que debería hacer el alcalde es pedir perdón”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, aseguró en una nota de prensa que “es injusto que sean los empleados quienes paguen las consecuencias”. Por ello, tras reconocer que este tema se resolverá por vía judicial, apuntó que “en medio de este asunto se encuentran los trabajadores, a los que se les debe dar garantías y seguridad”.

González lamentó que “se haya generado esta gran controversia a raíz de una iniciativa que es muy positiva para la ciudad”, por lo que pidió “responsabilidad” al hacer referencia a los puestos de trabajo.