Tomás de Morla, jerezano, militar que se enfrentó a Napoleón y que acabó sirviendo a su hermano José, tiene una calle de Cádiz, en pleno barrio del Mentidero. Es una calle de reducidas dimensiones, sin comercios, pero, como no, con una amplia oferta de apartamentos turísticos, lo que le da cierta vida unida a la que ya tiene la vecina plaza.

Hace veinte años la calle no vivía, ni de lejos, su mejor época. Varias fincas aguantaban en mal estado de conservación, abundando la infravivienda, como medio, o más, Mentidero. Tal vez por ello se acertó al elegir a una de sus fincas, la número 4, para iniciar el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo de Cádiz, la operación de mayor calado en cuestión de recuperación del parque de vivienda en la historia de esta ciudad.

De todo ello hace dos décadas. Se cumplen ahora. Veinte años desde que el gobierno socialista de la Junta publicó en su Boletín Oficial un decreto por el que se creaba una oficina que tenía como objetivo recuperar el degradado parque de vivienda del casco antiguo de Cádiz asumiendo, además, la gestión de la política inmobiliaria de la ciudad, y retirando al Ayuntamiento cualquier capacidad de acción en este tema.

En 1999 Teófila Martínez llevaba cuatro años gobernando la ciudad. Estaba a punto de revalidar la victoria de forma contundente y el PSOE sabía que tenía que mover ficha para intentar recuperar el poder. Muchos de los dirigentes socialistas de la época reconocían ya que el gobierno andaluz no había cuidado bien a la ciudad durante los años de Carlos Díaz.

"Teníamos una deuda con Cádiz", recordaba en un pasado aniversario de la oficina Luis Pizarro, en 1999 uno de los principales miembros del PSOE andaluz, que reconocía que el Ayuntamiento socialista sí había catalogado el mal estado del casco antiguo "pero no tuvo ni medios ni recursos", ni la Junta se los aportó para poder actuar, como sí pasó en 1999.

Un estudio elaborado por el arquitecto y urbanista Juan Jiménez Mata fue el pilar sobre el que se basó el decreto, afirmó entonces a este diario Luis Pizarro.

Un decreto que creó una oficina bien cubierta de fondos públicos y con un plan novedoso en toda España, hasta el punto que con el tiempo fue copiado en numerosas localidades de la región.

Pizarro y Pablo Lorenzo, que fue el primer gerente de este departamento, coincidieron en la necesidad de recuperar la credibilidad entre los ciudadanos. Habían perdido el poder por años acumulados sin hacer nada en la ciudad, por las luchas internas en San Juan de Dios y por compromisos inversores paralizados o, simplemente, incumplidos.

"Con las asociaciones de vecinos, siempre cómplices, pudimos aproximarnos a las necesidades de muchas familias que no se atrevían a exteriorizar su sentimiento de impotencia ni a gritar ante la injusticia que estaban padeciendo", escribía Lorenzo en el décimo aniversario del decreto. Apoyo que, mencionaba, no tuvieron en una larga primera etapa por parte del gobierno local.

La Oficina de Rehabilitación se convirtió en la punta de lanza de la recuperación de la ciudad para los socialistas. Que éstos sigan hoy en la oposición no lleva implícito el fracaso de este decreto. Todo lo contrario. La lluvia de millones que durante poco más de una década, hasta la llegada de la crisis de 2008, cayó sobre la ciudad eliminó la casi totalidad de la infravivienda a la vez que recuperó numerosas fincas cerradas o semiabandonadas, con la mejora de la calidad de vida de miles de ciudadanos. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo la percepción del vecino, como evidenciaban las encuestas, era que el Plan era una apuesta del Ayuntamiento de turno y no de la Junta de Andalucía.

El número 4 de la calle General Morla fue la primera que se rehabilitó, junto al número 3 de Suárez de Salazar, en otro barrio muy necesitado entonces: Santa María. Los vecinos, contentos con la renovada casa tras años de abandono, siempre tuvieron conciencia de que ellos sirvieron como "conejillos de india" y como "experimento". Lo notaron cuando, tras la entrega de las siguientes promociones, descubrieron que las calidades constructivas eran en éstas sustancialmente mejores que en su casa.

Lo cierto es que, salvo algún proyecto criticado por su diseño, las grandes operaciones urbanísticas realizadas por la Junta en estos años han sido especialmente cuidadosas tanto con el entorno como en la comodidad de los vecinos. Ciertamente para muchos eran auténticos palacios, pues venían de viviendas con aseos y cocinas comunitarias y donde sólo había un dormitorio para toda la familia.

La crisis económica de 2008 paralizó en muchos casos y ralentizó en otros, el desarrollo del Plan. Fue una mala noticia, pues la ciudad ya se había acostumbrado a ver cómo se recuperaba su histórico casco. Operaciones de inmenso calado, como la Casa Lasquetty (dos fincas más otras dos que se añadieron al proyecto), o la del callejón de Osorio alargaron su ejecución durante años y años. Hasta que finalmente el dinero se acabó para nuevas obras y se centró en operaciones puntuales, muy puntuales, de mantenimiento en el cada vez más extenso parque de viviendas autonómica.

En estos veinte años la Junta de Andalucía, sola o mediante convenios con propietarios privados y la puntual colaboración del Ayuntamiento, ha invertido unos 180 millones de euros, para 12.662 viviendas (aquí se incluyen proyectos de Puerta Tierra en el Cerro del Moro y en Matadero, que también han sufrido la ausencia de presupuesto). Se dejaron por tocar una treintena de fincas inicialmente incluida en los estudios técnicos, aunque el retorno de la iniciativa privada ha rebajado este número de forma considerable.

En la última etapa de gobierno socialista en la Junta, una vez pasado lo peor de la crisis pero lejos de contar con los fondos disfrutados en la primera década, se plantearon una serie de acciones para reactivar proyectos de rehabilitación, con operaciones en Troilo y La Viña. Ironías del destino: ambas fincas, que han tardado en culminar sus obras bastante más de lo previsto, no han podido entregadas por los políticos socialistas que las promovieron, tras el cambio de gobierno al frente de la Junta.