Un buen número de profesores se ha encontrado ante el inicio del curso escolar con un problema, fruto, a juicio de los sindicatos, de la falta de coordinación entre consejerías de la Junta. Así, Comisiones Obreras explica que el profesorado interino y el que se encuentra en prácticas tras superar las pasadas oposiciones, ha de presentar, por petición de la Consejería de Educación, documentación en su centro de trabajo entre la que se incluye un P10 o certificado médico oficial de ser apto para la docencia. CCOO denuncia que, por contra, la Consejería de Salud “ha dado instrucciones a los centros sanitarios de que no se realice el certificado".

Según Sebastián Alcón, secretario general del sindicato provincial de enseñanza de CCOO de Cádiz, "no se entiende esta falta de coordinación entre administraciones de la Junta de Andalucía y el requisito de una certificación de estar apto para la actividad docente cuando ésta no se facilita desde el sistema sanitario público". Alcón denuncia que con esta actitud "se está potenciando la sanidad privada en tanto que la única opción que le queda a este profesorado es obtener esta certificación por un médico privado que además le desconoce al no ser su médico de familia suponiéndole un gasto económico injustificable."

Para CCOO Enseñanza de Cádiz, "no es asumible que se exija este tipo de certificación cuando tenemos el sistema sanitario colapsado por la pandemia con una atención sanitaria que se sigue realizando en muchos casos por teléfono”. Alcón argumenta que ante esta dificultad, ha planteado a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz que el profesorado afectado pueda presentar una declaración jurada indicando no padecer enfermedad que le impida la actividad docente, algo que se ha hecho en otras ocasiones y que la administración educativa no acepta ahora."

Sebastián Alcón denuncia que esta certificación se está pidiendo a profesorado que en muchos casos lleva años desarrollando su actividad profesional y que el plazo de presentación lo ha sido exclusivamente de tres días, "un plazo además inviable ante el colapso del sistema sanitario".

En el caso de la provincia de Cádiz, Alcón señala que esta certificación médica "puede afectar incluso a más de 3.000 docentes" y exige a la Delegación de Educación de Cádiz que acuerde con la Consejería de Educación la presentación de documentación “que sea realista y factible facilitándose su expedición desde la propia administración pública, sanitaria de ser el caso”.

Por su parte, USTEA Cádiz destaca que las autoridades sanitarias han enviado una circular a los médicos de atención primaria recordándoles que no son competentes para expedir el certificado de capacitación, “con lo cual están acabando de volver loco al profesorado con sus ocurrencias y trabas”.

El sindicato recuerda que ambas consejerías deberían saber que desde 1995, cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “quedaron muy claras algunas cuestiones en materia de salud laboral, entre ellas que la vigilancia de la salud de los trabajadores corresponde al empresario, en este caso a la Junta de Andalucía, y dicha vigilancia no compete a los médicos de atención primaria sino a especialistas en medicina del trabajo que debería de hacer esta tarea desde los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales”.

USTEA añade que el coste económico de cualquier medida relativa a la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto de la vigilancia de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador. El sindicato pide que se retiren dichas instrucciones “y que sean los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, los que con médicos especialistas vigilen y velen por la salud de todo el personal de los centros educativos”.