Las líneas de ayuda que a consecuencia del Covid ha abierto el Ayuntamiento para los sectores que generan economía y empleo en la ciudad están resultando de lo más accidentadas. A unas primeras subvenciones que se han eternizado fruto de una tramitación excesivamente compleja, como admiten ya sin reparos los propios concejales, se le une una segunda convocatoria que ha terminado en el juzgado.

En concreto, se trata de la ayuda anunciada el pasado mes de junio para otorgar 350 euros a cada autónomo que cumpla los requisitos establecidos: personas físicas que a la hora de presentar la solicitud “estén afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente, que ejerzan su actividad en el término municipal, y que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ayuntamiento”.

Para esta ayuda directa, en régimen no competitivo, dispone el Ayuntamiento de una partida de 783.650 euros, que se invertirán mediante un único pago por importe de hasta 350 euros “para todos aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y se otorgará por orden de presentación de la solicitud hasta agotar el crédito presupuestario”. Es precisamente esto último lo que rechaza el abogado gaditano Manuel Martos, que ha llevado esta convocatoria de ayudas al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, entendiendo que incumple los principios constitucionales de mérito, igualdad y oportunidad que debe regir la actividad de la administración pública. Recurso que el Juzgado ha admitido ya a trámite.

“El Ayuntamiento determina el acceso a una subvención, es decir, a una prestación económica pública, a personas que dispongan de un software de última generación, con wifi 5G y que estén pendientes del ordenador a las 0 horas del día x”, traslada el recurrente respecto a la convocatoria. Y es que para él, el caso es muy similar al de la contratación de personal Covid que realizó la Junta de Andalucía el pasado año, cuando contrató a los primeros que enviaran la solicitud, lo cual ha sido con posterioridad tumbado por los tribunales.

“En este caso no es por contratación, sino para dar dinero”, precisa Martos, que al hilo recuerda que varios juzgados de Sevilla ya han declarado nulo este sistema de concesión de ayudas. “Por eso, me quedé perplejo al ver que el Ayuntamiento usa la misma fórmula para dar dinero”, reconoce.

En este sentido, conviene recordar que cuando el gobierno local anunció esta línea de ayudas, anunció una estimación de que en la ciudad hubiera censados 2.000 autónomos, por lo que se despreocuparon de la existencia de crédito suficiente para todos. “Pero es que aunque haya 2.001 y solo uno se quedara fuera, ya es inconstitucional la convocatoria”, reclama Martos.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Cádiz pide al Ayuntamiento el expediente administrativo en el que se soporta esa convocatoria extraordinaria de ayudas. Un expediente que también espera el recurrente, que ha solicitado al Juzgado “los informes jurídicos que avalan esta convocatoria”.