El pasado viernes, el alcalde manifestó tras mantener un encuentro con la presidenta de la Diputación, Irene García, que iba a solicitar una reunión con la Junta de Andalucía para abordar el futuro del edificio Valcárcel y la aspiración de la ciudad de que vuelva allí la facultad de Ciencias de la Educación. Y minutos después de ese encuentro con Irene García, un asesor accedía al Salón de Plenos para que José María González firmara unos documentos. Se trataba de sendas cartas dirigidas a la consejera de Fomento y la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz para solicitarles esa reunión con carácter urgente.

Finalmente, González se ha decantado por estas dos representantes de la administración autonómica y no ha remitido misiva, por ahora, al presidente Juanma Moreno.

Tanto a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, María Francisca Carazo; como a la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, el alcalde les traslada en un escueto escrito “la necesidad de mantener una reunión urgente para que en el plazo más inmediato se le de viabilidad, de una vez por todas, al proyecto de ubicación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Salud de la UCA en el edificio Valcárcel”.

Se trata, por tanto, de una misiva breve y contundente, en la que José María González solicita esa reunión “urgente” pidiendo esa exigencia “de una vez por todas” a la Junta de Andalucía de definir y apostar por el traslado a Cádiz de Educación.

Este, por tanto, es el segundo paso de ese frente común que el Ayuntamiento ha querido poner en marcha la semana pasada para luchar por que la Junta financie lo antes posible el proyecto de Valcárcel. Un primer paso fue esa reunión que mantuvo con la presidenta de Diputación el viernes, así como la que tuvo con el rector, Francisco Piniella, el jueves y de la que salió el compromiso municipal de completar en el pleno del mes de noviembre los trámites que faltan bajo la responsabilidad municipal (en concreto, la nueva delimitación de la parcela para el uso que tendrá la UCA y para ese futuro hotel de Zaragoza Urbana; el Estudio de Detalle ya aprobado y con todos los parabienes; y el cambio de uso de la parcela educativa en el PGOU, que ya en su día cambió ese uso educativo por el hotelero que nunca llegó a realizarse).

No obstante, el propio alcalde y algunos de sus concejales han insistido que esos trámites que se abordarán en el pleno de noviembre no afectan en la financiación que se le exige a la Junta de Andalucía y que se quiere que esté incluida en los presupuestos de 2020, para lo cual el Pleno del viernes aprobó también una moción para exigir esta partida económica al gobierno autonómico.