Hace ahora quince años se ponía en marcha la Oficina de Rehabilitación del Casco Antiguo. De la mano de la Junta de Andalucía, inmersa entonces en un duro enfrentamiento político con el Ayuntamiento, las prerrogativas relacionadas con la vivienda quedaban en manos exclusivas de la administración regional que anunció, como su gran compromiso con Cádiz, inversiones millonarias, cercanas a los 200 millones de euros y con el ambicioso objetivo de, primero, eliminar la infravivienda en intramuros y, después, recuperar todo el parque de viviendas del casco antiguo. El Ayuntamiento, por su parte, además de denunciar que se le había dejado a un lado en un tema tan importante como el de la vivienda, activó planes particulares centrados, inicialmente, en habilitar pisos para los más jóvenes.

Hace quince años lo más sencillo era encontrarse, en buena parte de los barrios del casco antiguo, fincas en muy mal estado, tanto interior como exteriormente. Hoy, quince años después, resulta más llamativo la localización de edificios necesitados de importantes reformas, ejemplo de todo lo que se ha logrado sacar adelante en este tiempo.

Pero siguen existiendo familias que malviven en casas que no deberían denominarse como tales. La Federación 5 de abril lleva unos meses elaborando un censo de todas las fincas del casco antiguo, lo que permitirá aclarar cuántas siguen en mal estado. Al documento aún le queda un tiempo de realización, pero no hace falta tenerlo delante para asumir que la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas de la ciudad. De forma habitual lo denuncia este diario y lo corroboran entidades vecinales o asociaciones como Cáritas o Derechos Humanos.

La crisis se llevó por delante el buen ritmo de obras que habían alcanzado la Junta y el Ayuntamiento, y al que se había unido la iniciativa privada. Hoy, los primeros han abandonado casi totalmente los nuevos proyectos, mientras que los segundos han retrasado también proyectos que tenían en cartera. Y todo ello en una ciudad donde el número de viviendas vacías ha ido en aumento. Así, en 1991 el censo las cifraba en 3.941, que subían a 5.443 en 2001 y se disparaban hasta las 6.874 en el último recuento de 2011, una cifra suficiente inicialmente para asumir las peticiones que hay en el censo de demandantes que maneja el Ayuntamiento.

Se choca aquí, como se constata desde la gerencia provincial de la Agencia de la Vivienda de la Junta, con las dificultades que tiene la administración para obligar a los particulares a rebajar los precios que mantienen en buena parte de los pisos que están en alquiler o en venta, que según se reconoce desde el sector inmobiliario "siguen disparados, muy elevados respecto a otras capitales". La oferta, así, no va en consonancia con la demanda y más cuando incluso hay un elevado número de pisos que, simplemente, están vacíos y sin signos de ponerse en el mercado. "Desde la Junta hemos intentando buscar fórmulas (siempre sancionadoras) contra estos propietarios, pero sin fortuna legal", se destaca recordando los impedimentos jurídicos que se han puesto a medidas adoptadas por la Consejería de Obras Públicas desde que está en manos de Izquierda Unida.

A todo ello se le une el profundo recorte en las inversiones públicas. Los tiempos de derroche de dinero, de grifo abierto para subvenciones en arreglos particulares o para cerrar acuerdos con los propietarios de fincas en mal estado, acabaron cuando aún no se había concluido la reforma integral del casco antiguo.

Falta de dinero público, paralización de las inversiones privadas, crisis económica en las familias gaditanas con una clase media cada vez más agobiada por la recesión y la lógica degradación de los edificios que ya estaban en mal estado. Todo ello se une y conforman un panorama preocupante para la ciudad.

Ante esta situación, y tras el cambio de los gestores políticos al frente de la Consejería de Obras Públicas, la Junta va a dar una vuelta de tuerca a su política de vivienda en el casco antiguo de Cádiz. No significa que deje a un lado la continuidad en la rehabilitación, emblema de su trabajo desde que se creó hace ahora quince años la Oficina de Rehabilitación. La idea sobre la que ahora se trabaja es ir más allá y plantear la vivienda como un conjunto que supera la propia residencia familiar e incluye la convivencia, el mantenimiento y la relación con la comunidad. Si hasta ahora el trabajo era eminentemente técnico, a partir de este momento habrá un equipo multidisciplinar formado por esos mismos técnicos más abogados, trabajadoras sociales, etcétera. "No es sólo un edificio que hay que saber mantener, es una relación con la comunidad", se constata desde la Agencia de Vivienda de la Junta, sustituta de la EPSA.

La EPSA, junto al cambio de nombre, ha dejado de ser una promotora de suelo para ser una agencia de vivienda. Se defiende la vivienda pública, y más ahora que con el empobrecimiento de la clase media "los pisos públicos han dejado de ser la trasera de las ciudades". Ahora se está pendiente de la culminación del nuevo Plan de Vivienda y la búsqueda de nuevos fondos para planificar los futuros proyectos, hoy centrados en la construcción de la promoción de Osorio, en el barrio de San Juan, y la próxima entrega de Torre 25, con 13 nuevas viviendas. "No estamos parados (a pesar del presupuesto limitado)", se constata desde la Junta a la vez que se destaca que no cuentan con viviendas vacías entre sus promociones ya terminadas y que se trabaja de forma coordinada con el Ayuntamiento ante la proliferación de casos de emergencias de familias que necesitan un piso al estar en situación de riesgo social. A la vez, y mientras se planifica la nueva forma de gestión en favor de una convivencia ciudadana, se seguirá trabajando en el mantenimiento del amplio parque de pisos públicos que ha motivado que "la Junta se haya convertido en los caseros mayores de Andalucía".

Hasta ahora la Junta ha invertido unos 150 millones de euros, la mitad en la infravivienda, sobre unas 5.800 viviendas, ya sea en proyectos ejecutados con la colaboración de los propietarios de las fincas como en solitario.

Desde el Ayuntamiento, tras el decreto de la Junta de 1999 su labor se centró en la actuación sobre 96 infraviviendas, que ya fueron eliminadas en varias actuaciones. A partir de ahí, se ha ido actuando sobre edificios que ha ido comprando para su rehabilitación. Buena parte de ellos se han destinado al Plan Joven de Vivienda, que ya sea por alquiler como por venta, pretende atraer a los grupos más jóvenes de la sociedad al casco antiguo. Sin embargo, la administración local tampoco se ha librado de los recortes en materia de inversión por culpa de la crisis económica, lo que ha provocado la ralentización de diversas promociones, y más ahora que la empresa municipal, Procasa, se encuentra inmersa en el desarrollo del proyecto de viviendas en el solar de la Guardia Civil, en la que es la mayor promoción de su historia y de vital importancia habida cuenta de su relación con la ampliación de la red viaria de la ciudad.

Se mantiene una colaboración, no libre de importantes diferencias políticas, con la Oficina de Rehabilitación de la Junta, especialmente en materia de expropiación de fincas cuyos propietarios hacen dejación de su obligación de mantenimiento de los edificios de su propiedad. Esta acción, sin embargo, también está chocando con la falta de recursos.

En todo caso, en agosto de 2012 la alcaldesa, Teófila Martínez, lanzó una propuesta a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda: la redacción de un convenio paralelo al decreto de 1999 que permitiese al Ayuntamiento gestionar proyectos dentro del plan de vivienda. El Ayuntamiento siempre se ha quedado de la falta de respuesta de la Junta y ha denunciado como en los últimos años la Oficina de Rehabilitación ha ido agotando los permisos de obras concedidos por el municipio.

Aunque el problema de la vivienda abarca toda la ciudad, las denuncias vecinales por el estado precario de muchas casas, el aumento de las órdenes de desahucios y la imposibilidad de muchas familias de afrontar el pago de alquileres muy costosos, se centran sobre todo en los barrios más deprimidos de intramuros.

Ya comienza a quedar muy lejos el compromiso del expresidente de la Junta, Manuel Chaves, de concluir en 2012 la rehabilitación del Casco Antiguo. Hoy quienes recuerdan el derecho constitucional a una vivienda digna, lo que esperan es que se adopten medidas para sacar al mercado los más de 6.000 pisos vacíos en la ciudad, que los alquileres desorbitados se adapten a la realidad y, sobre todo, que las administraciones reactiven las inversiones que durante la primera década de este siglo comenzó a sacar de la postración al casco histórico de Cádiz.