En la extensa carta a los Reyes Magos que todas las administraciones de la provincia han mandado a la Unión Europea, al amparo del Next Generation, un plan de reactivación de la economía de todos los países comunitarios afectados por la pandemia, una de las peticiones más costosa ha sido la construcción del Hospital Regional de Cádiz, con 395 millones de euros de inversión, solicitado por la Junta de Andalucía.

Este es uno de los proyectos veteranos, no ejecutados, que forman parte ya de nuestra vida. Se planteó en 2006 ante la decadencia física del Hospital Puerta del Mar y la necesidad de realizar inversiones autonómicas en la capital gaditana.

La Zona Franca se implicó de lleno en este proyecto. Invirtió algo más de 9 millones de euros en la compra del inmenso solar de la antigua Construcciones Aeronáuticas e invirtió también mucho tiempo en gestiones para encargar el proyecto de usos del edificio y su mismo diseño.

Después, es ya sabido, la Junta paralizó el proyecto con la excusa de la crisis financiera de 2008 y se olvidó del mismo cuando llegó la recuperación.

El gobierno autonómico ya en manos del PP-Cs ha mantenido el plan, pero hasta la llegada del Next Generation no había dado pasos efectivos en su desarrollo, frente a inversiones ya aprobadas de nuevos equipamientos sanitarios en Sevilla, Málaga o Jaén.

Todo ello en plena pandemia del coronavirus donde se ha dejado notar la ausencia de un complejo sanitaroa mejor equipado y más amplio que el viejo Puerta del Mar, ya que por muchas inversiones que se estén haciendo en el mismo no pueden ocultar ya sus achaques.

La decisión de acudir a Europa para financiar esta obra, en lugar de pagarla con presupuestos propios, choca sin embargo con una cuestión esencial: el proyecto que se remita a la comisión que analice todos las actuaciones presentadas deberá incluir algo tan básico como la existencia de un suelo donde levantar este hipotético hospital. Y algo que ya estaba claro hace quince años, ahora no lo está tanto.

El cartel ya borrado donde se anunciaba la construcción del hospital.

Por lo pronto, el convenio que se firmó en su día terminó ya su vigencia hace unos años, por lo que hay que redactar uno nuevo. El problema es que la Junta pretende que la Zona Franca le ceda de forma gratuita este terreno; y el convenio original incluía ingresos que tenía que recuperar el Consorcio por su participación en esta operación.

La Zona Franca está dispuesta a sentarse con la Junta para negociar el futuro de este suelo. Al fin y al cabo ha invertido en el mismo (entre la compra, el pago anual del IBI y su mantenimiento) más de 11 millones de euros. Y no está ni la ciudad ni el Consorcio como para dejar sin uso un terreno tan extenso.

El delegado del Estado, Fran González, ya ha remitido tres cartas, desde el pasado septiembre, a la delegada de la Junta, Ana Mestre, a fin de negociar un nuevo acuerdo o que la Junta aclare qué quiere hacer respecto al nuevo Hospital.

Fuentes de la Zona Franca indican a este diario que la respuesta a estas tres cartas ha sido el silencio. A la vez, constatan que cuando se presente el plan del nuevo Hospital para su inclusión en el Next Generation "tendrán que decir dónde se va a levantar". Y la previsión es que a mediados de año la comisión encargada de dar el visto bueno o no a estas inversiones comience a analizar todas las peticiones.

La última carta fue remitida el pasado 2 de febrero. Respecto a la anterior se había producido un cambio sustancial en la Junta: de decir que no había dinero para el nuevo equipamiento a trasladar a final de 2020 la intención de buscar de dinero de la UE para su construcción.

En esta última misiva, Fran González reitera a Ana Mestre "nuestro ofrecimiento a mantener las reuniones precisas para consensuar una solución que permita el desarrollo de este proyecto, tan importante para Cádiz. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a la ciudad de Cádiz y a la Bahía con la coherencia de la implicación de cada institución en el proyecto", afirma el delegado.

A la vez se le recuerda que según el convenio suscrito en 2009 "el Consorcio debe ser compensado por todos los importes invertidos (en esta operación), como precio de adquisición y gastos derivados de la formalización de la misma, gastos de financiación, etcétera)". Y eso sin contar los beneficios que pudo haber logrado la Zona Franca con la puesta en valor de este suelo.