El proyecto de la Ciudad de la Justicia en Cádiz es como ese coche que circula por una carretera a una velocidad más reducida que el resto, viendo por tanto pasar a otros vehículos adelantando por uno y otro lado. La ciudad transita en un desierto de dos décadas a la espera de ver la primera piedra de una obra que durante más de una década se diseñó para el solar de Tolosa Latour y que hace unos años se cambió, con el mismo resultado hasta ahora, a los antiguos depósitos de tabaco. Así, mientras a Cádiz solo llegan retrasos, parálisis, obstáculos, ampliación de presupuestos y cambios de rumbo, en otras ciudades los proyectos de Ciudad de la Justicia sí avanzan de manera firme.

Sevilla ya ha visto cómo hace meses empezó a funcionar su gran equipamiento judicial, que seguirá construyéndose en sucesivas fases. En Jaén ya se tramita el estudio de viabilidad para proceder, a continuación, a licitar la ejecución de las obras. Y a estas capitales se ha unido ahora Huelva, donde este viernes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, anunciaba el pronto inicio de la tramitación para hacer realidad la Ciudad de la Justicia que se le sigue atragantando a Cádiz.

A diferencia de su última visita a la capital gaditana, en tierras onubenses no ha mencionado el consejero la participación privada en el proyecto, que se entiende por tanto que asumirá al 100% la administración autonómica. O que pretende, porque una cosa es lo que se anuncia en un inicio y otra el recorrido que luego lleva el expediente (y de eso sí que tiene Cádiz sobrada experiencia).

En Huelva la Junta habla de construir una Ciudad de la Justicia que será de mayor superficie que la de aquí (45.000 metros cuadrados frente a los casi 40.000 obtenidos tras la ampliación de la edificabilidad), pese a lo cual la inversión es considerablemente inferior a día de hoy (75 millones de euros cifró Nieto el viernes en Huelva frente a los 120 millones que se dieron en noviembre para los antiguos depósitos de tabaco). La magia de los presupuestos de las administraciones públicas.

En Huelva dice el consejero que ha sido clave para desatascar la operación el compromiso del Ayuntamiento de asumir la urbanización del suelo; sin embargo en Cádiz parece no haber valido para nada que la ciudad regalara la totalidad del suelo y de las edificaciones que previsiblemente utilizará la Junta en ese futurible equipamiento judicial.

Lo que sí iguala a Huelva y a Cádiz es que para ninguna de las dos ciudades de la justicia hay fecha ni previsión de plazos a día de hoy. En Huelva dijo el viernes el consejero que había que poner “el reloj en funcionamiento”; y en Cádiz, donde el reloj se ha quedado varias veces sin pilas de tanto marcar las horas, se está a la espera de algún inversor venga a sacarle a la Junta las castañas del fuego. Como ha pasado en Jaén, por cierto, donde la Ciudad de la Justicia se hará mediante una concesión a 30 años que abonará la Junta a la empresa que se haga cargo de unas obras que allí se estiman en más de 300 millones para 44.000 metros cuadrados de edificabilidad en un suelo, por cierto, también cedido de manera gratuita por el Ayuntamiento. Como en Cádiz. Tantos parecidos y tan grandes diferencias de la Justicia andaluza con las ciudades.