Izquierda Unida no renuncia a que el Caso Matadero siga su curso a pesar del revés del sobreseimiento de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, un auto que ya ha sido recurrido por esta formación. El coordinador local de IU, Martín Vila, justificó ayer que existen "motivos más que suficientes" para solicitar que la causa se siga investigando, sobre todo al considerar que "presuntamente hubo presiones políticas para generar una lista de adjudicatarios". Todo en base a las "grandes contradicciones" que, según Vila, se constatan en la resolución, que le llevan a seguir con "la búsqueda de la verdad".

Mari Luz Moreno, abogada de la acusación popular que ejerce IU, explicó sobre el recurso que, en virtud de las declaraciones, ha podido existir una "actitud prevaricadora" de las concejalas Mercedes Colombo y Carmen Sánchez en su gestión de la adjudicación de los pisos de Matadero.

En primer lugar, Moreno señaló sobre la aseveración en el auto de la no constancia de la existencia de una lista política para el reparto de los pisos que "más de 13 o 14" trabajadoras sociales "han dicho no sólo que han visto la lista en papel, sino que se les ha enviado por correo electrónico".

Moreno sostuvo que en el escrito para el sobreseimiento realizado por el PP las concejalas "reconocen que se hace una lista" e, incluso, que se elabora "reuniéndose con asociaciones y ciudadanos".

En cuanto a la inexistencia de presiones que se indica en el auto, la abogada no se mostró conforme al afirmar que en las declaraciones de los testigos se apunta que éstas consistían en que "se revisaran los informes", pero sólo de "las personas que tenían un informe negativo y que aparecían en la lista de políticos".

Otro aspecto que resaltó Moreno fue que desde la acusación popular se solicitó que fueran a declarar al juzgado las concejalas Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, pero no fueron citadas, por lo que consideró que se tendría que haber atendido esta petición.

También se argumenta en el recurso que el procedimiento de la concesión de viviendas por exclusión social "debe ser la excepción". Sin embargo, en este proceso, según Moreno, fue "la norma general", cuando se tendría que "haber acudido al registro de demandantes de vivienda". Por esto y por la actuación de Sánchez y Colombo, afirmó que si no hubiera existido una lista política "se hubiera propuesto a otras personas que tienen mayor derecho".

Asimismo, también indicó la necesidad de esclarecer "un caso flagrante" de una persona que obtuvo una vivienda adaptada tras recibir un informe negativo por exclusión social, pero el piso que habita no reúne estas condiciones, por lo que sentenció que "el juzgado no ha querido investigar".

Además, mostró la abogada sus sospechas por no investigarse la pérdida de un informe sobre un trabajo de campo realizado por las trabajadoras sociales antes de la aparición de la llamada lista política de posibles adjudicatarios.