Empresas relacionadas con Rilco pagaron a De Castro

"Hubo connivencia entre Manuel Rodríguez de Castro (ex delegado de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1996 y 2001) y los Leiva (Germán y Camila, dueños de Miami Free Zone" para sustraer fondos a través del concurso de Rilco, el portal informático que pretendía servir para hacer transacciones comerciales entre Europa e Iberoamérica. Todo se hizo merced a un plan preconcebido.

Para incidir en esta teoría, la acusación particular que ejerce la Abogacía del Estado mediante José Aurelio Ruiz Piña desveló que Manuel Rodríguez de Castro, que se enfrenta a una petición de diez años de prisión, recibió entre los años 2002 y 2003 unos 800.000 euros de varias sociedades situadas en Panamá a su nombre o de empresas de las que era el administrador único, como es el caso de Iberian Reits. Esta información sale de unos datos aportados por la Agencia Tributaria a otro proceso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla por un presunto delito fiscal en el que está imputado Manuel Rodríguez de Castro, tal y como informó a los periodistas en un receso. Esta información hasta ahora no había salido a relucir en el juicio hasta que ayer comenzaron las conclusiones definitivas de cada una de las partes.

El rastro del dinero es el siguiente. Miami Free Zone fue la empresa a la que se le adjudicó el desarrollo del portal informático, lo que se vino a llamar Rilco 1. Según los propios Leiva, en el transcurso de estos trabajos se llegó a contratar a dos empresas, Duater y Adriano 16, para que les asesoraran en diversas materias para poder ejecutar el portal.

Sin embargo, tal y como dijo ayer el abogado del Estado, "realmente no sabemos qué es lo que aportaron estas dos empresas". Es más, incluso afirma que si se mira en internet ni siquiera aparecen.

Sí están si se pincha en Google Panamá, donde aparece como administrador Gilberto Arozamena. Esta persona tiene esta empresa y otras 33 más. En la misma aparecen varios socios que entre todos concentran 1.000 compañías y que, curiosamente, también aparecen en Adriano 16. Para Ruiz Piña, "está claro que las dos empresas son lo mismo". Asimismo cree todas estas denominaciones sociales pueden ser empresas "que emiten facturas y poco más".

Pues bien, Duater realizó una transferencia de 236.000 euros en el año 2003 a Iberian Reits, que como antes se dijo, el administrador único era Rodríguez de Castro. También el 11 de junio de ese mismo años Iberian Reits también recibe otra transferencia de 210.000 euros por parte de Alicia Peschera, ciudadana panameña. Esta persona estuvo contratada en el Consorcio de la Zona Franca durante el período de Manuel Rodríguez de Castro y, en teoría era la persona que se tenía que encargar de promocionar el portal en Iberoamérica. A esta mujer se le rescindió el contrato una vez que entró Miguel Osuna en la Zona Franca.

Rodríguez de Castro como persona también recibió otros 219.000 euros de distintas sociedades situadas en Panamá en el año 2002, y un ejercicio antes otros 174.000 euros.

El abogado del Estado cree que detrás de Miami Free Zone "está Manuel Rodríguez de Castro". Otra relación que expuso el mismo Ruiz Piña fue la del técnico Javier Carrión, que entró en la empresa de los Leiva en agosto de 2001 como representante de esta compañía en España. Este anteriormente trabajó en una empresa llamada Tharsis, que era propiedad de Manuel Rodríguez de Castro y no sólo eso, sino que facturó 30.000 euros anteriormente a Miami Free Zone en concepto de asesoramiento telefónico.

Además, el 27 de junio de 2001, una vez que ya no era delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, según el abogado del Estado, compareció en un despacho de abogados en compañía de los Leiva para formalizar un contrato con Duater: "¿A quién está representando ahí?".

El abogado del PSOE, Gabriel Escalante, también señaló a los periodistas que Rodríguez de Castro también estaba inmerso en una causa por blanqueo de capitales en Panamá.

El fiscal, por su parte, hizo una exposición muy detallada de todas las irregularidades que, a su juicio, se han producido en el caso Rilco. Por ejemplo, se centró mucho en la forma en la que se produjo la contratación de Miami Free Zone, en un concurso donde "no se dio el principio de concurrencia" y también que desde el principio "se sabía que no iban a poder cumplir con la prestación".

Con respecto a Miguel Osuna, para el que pide ocho años de prisión, afirma que con respecto "a la gestión diligente" que se ha defendido de este ex delegado, "se quiebra" debido al supuesto "desconocimiento" de los detalles relativos a Rilco, es decir, que "suena a que conozco lo que quiero y lo que no quiero porque me perjudica, lo desconozco".

Con respecto al aumento de pena que pidió para Rafael Ortiz, situada ahora en 11 años, aclaró que "no fue un broker sino un director general en toda regla" que en base a la jurisprudencia que citó, tenía consideración de funcionario público. Asimismo, dijo que fue contratado por Rodríguez de Castro el día que cesó "para que todo se ejecutara conforme había establecido" el que era delegado del Estado.