Desalojada en Sopranis una finca por su "pésimo estado"

Cuatro familias residentes en el número seis de la calle Sopranis fueron desalojadas de sus viviendas el pasado julio por el estado de deterioro en que se encontraba la estructura del inmueble, tal como se expone en el informe remitido por Urbanismo tras realizar una inspección. La única solución que les han proporcionado hasta el momento ha sido habitar en la sexta planta del hospital de San Rafael, donde permanecen desde hace casi un mes en unas habitaciones adaptadas para ello.

Esta cuatro familias, casi todas compuestas por personas mayores alrededor de unos ochenta años y con pocos recursos, llevan varios años residiendo en un edificio apuntalado a causa del peligro de derrumbe que presenta. Un inmueble cuyo propietario, Remigio Sierra, ha sido multado en cinco ocasiones desde 2004 por el Ayuntamiento de la ciudad, debido al abandono que convierte a la finca en "infravivienda". "El Ayuntamiento y la Junta son conscientes del estado del edificio, han enviado a su propietario requerimientos de rehabilitación desde hace ocho años, pero no ha hecho nada. Han tenido mucha pasividad con él", señala Carmen Gutiérrez, una de las hijas de los arrendados en Sopranis.

El 16 de julio un arquitecto del área de Urbanismo del Ayuntamiento acudió al inmueble para comprobar el estado en que se encontraba. Dos días después, una asistenta social, por orden de Urbanismo, se presentó en la vivienda para informar sobre la salida inminente de las familias en cuatro horas. Ante este hecho, los arrendados acudieron al técnico responsable que se encuentra en la misma calle, y allí "no sabían nada", tal como señala Isabel Gómez, familiar de los arrendados de una de las viviendas. "Considerando que eran personas mayores, nos dijeron que iban a dar de plazo varios días más, pero no fue así", comenta Isabel Gómez. Al parecer, al día siguiente obligaron a desalojar el inmueble.

Una vez fuera de sus viviendas, el Ayuntamiento les ofreció las habitaciones de la sexta planta del Hospital San Juan de Dios para realojarse temporalmente, puesto que las 102 viviendas para realojo construidas por la Junta en el Matadero no han sido entregadas todavía al Consistorio. Ante esta situación, les ofrecieron la posibilidad de buscar nuevas viviendas a través de una ayuda municipal, a lo que se negaron puesto que "no disponemos de recursos suficientes para ello y, además, debido a los recortes puede ser que en cualquier momento nos quedemos sin poder pagar y vayamos a la calle", señala Ángeles Camino, una de las inquilinas. Lo único que han conseguido es que amplíen la estancia en San Rafael hasta el uno de septiembre, gracias también al compromiso de la Asociación de Vecinos del barrio de Santa María.

"Diez días después de estar fuera de la casa enviaron a nuestros padres el informe procedente de Urbanismo en el cual se argumentaba el "pésimo estado" de la vivienda y su inminente desalojo", comenta Carmen Gutiérrez. Estas familias, sólo piden la rehabilitación de sus viviendas, algo que el propietario no ha realizado. Este medio se ha intentado poner en contacto con Remigio Sierra, propietario de la finca, pero no ha sido posible.

Textualmente, el informe emitido por el aparejador municipal señala que "tras la visita se comprueba el pésimo estado generalizado de la finca tanto en sus instalaciones, revestimientos y, sobre todo y más preocupante, de los forjados que la componen". Un informe que, además, apunta que la fachada presenta un mal estado de conservación con "posibles riesgos de desprendimientos a la vía pública". Un informe que pone en evidencia el estado de abandono en que se encuentra el inmueble por parte de su propietario.

En dicho informe se consagran a su vez, varios hechos importantes en el transcurso de los requerimientos por parte del Consistorio, tales como las multas impuestas o el incumplimiento de deberes urbanísticos de la finca, así como la reiteración de la expropiación forzosa del inmueble. "No entendemos como el Ayuntamiento y la Junta han podido dejar que se alargue todo esto, aunque argumenten que es culpa del propietario", comenta Isabel Gómez, hija de una de las familias afectadas.

A pesar de que en el informe se contemple el vallado y el precinto de la finca hasta que no quede garantizada la estabilidad estructural de la misma, esto no ha sido así. "La casa sigue abierta, además una vecina nos avisó de que estaban robando en el inmueble, y así fue, llamamos a la policía y detuvieron a la persona que estaba dentro", señala Carmen Gutiérrez. "Nuestras pertenencias están desprotegidas, no sabemos el estado en que se encuentran" comenta Ángeles Camino, inquilina.

El informe propone, además del desalojo para evitar riesgos, el requerimiento a la propiedad para que de forma inmediata proceda a efectuar las obras necesarias para la reparación de la finca, y el inicio de un expediente expropiatorio de la finca, si existiese consignación presupuestaria para ello.

Un desalojo inminente y obligado. Una situación que desespera a inquilinos y familiares tras varios años buscando una solución.