Los presidentes de los Colegios de Enfermería de Andalucía, el de Cádiz entre ellos, han decidido interponer una denuncia por la vía penal contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces. Aducen la "grave situación de indefensión que están sufriendo los profesionales sanitarios, entre los que se ha alcanzado un 23% de contagiados por coronavirus, debido a la falta de material de seguridad, de personal, y a la descoordinación entre las administraciones".

Rafael Campos, presidente del colegio gaditano, puntualiza que "nuestros profesionales están siendo obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegerse: equipos de protección individual adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, monos, protecciones oculares adecuadas, guantes, etc. Una escasez de materiales de protección a la que se suma la carencia de otras medidas preventivas como son los test de detección homologados, lo que se viene advirtiendo de forma reiterada en las últimas semanas, tanto por parte de la Organización Colegial de Enfermería en su conjunto como, concretamente, desde este colegio provincial reclamando la falta de medidas de protección".

Pese a las reinvidicaciones, Campos asegura que "la situación, lejos de mejorar, continúa empeorando" y que supera al porcentaje de sanitarios afectados en otros países donde la pandemia ha golpeado con igual virulencia como Italia (9%) o China (4%). En este sentido, el propio director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, admitía que el contagio de los profesionales sanitarios, y el hecho de que la tasa sea mayor que la de otros países afectados (14%), puede deberse a la escasez de equipos de protección.

Rafael Campos apunta que la situación en Andalucía es más grave, con un 23% de sanitarios afectados y 1.252 casos según fuentes de la Consejería de Salud, "lo que pone en evidencia la situación a la que se están enfrentando nuestros profesionales en sus centros de trabajo, sin medios materiales de protección para enfrentarse a esta crisis sanitaria sin contagiarse". Esto es producto, según Campos, de que "la situación en Andalucía siempre ha sido deficitaria, situándose la penúltima en la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes (459), a la cola en comparación a la media de las regiones españolas".

En un tono duro, el presidente del Colegio de Cádiz continúa asegurando que "el desoír de la Administración Sanitaria a la que Organización Colegial de Enfermería se ha dirigido por todos los medios y de forma reiterada mediante comunicados, manifiestos, cartas dirigidas al Consejero de Salud y demás responsables políticos, ha provocado el que los ocho Presidentes provinciales que conforman el Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería, se hayan visto obligados a interponer esta denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra las máximas autoridades políticas de la Junta y contra la delegada del Gobierno en Andalucía como última instancia, ante su falta de acción y su incompetencia en la gestión, por atentar directamente contra la seguridad de nuestros profesionales sanitarios, actuaciones que consideramos constitutivas de delito. Todo ello sin menoscabo de continuar garantizando cuanto apoyo institucional sea oportuno en estas circunstancias de emergencia hacia la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación mientras dure este desafío de salud pública sin precedentes y la indudable profesionalidad tanto de las más de 40.000 enfermeras y enfermeros andaluces como de los 307.000 españoles".

La organización colegial andaluza continúa asegurando que "se está produciendo un auténtico atentado contra la seguridad de los profesionales sanitarios, y además no sólo contra ellos, sino también contra todos sus pacientes y sus familiares más próximos, y por ende, contra la población" como consecuencia directa de "la constante improvisación de los responsables políticos nacionales y autonómicos y su penosa gestión". Ello explicaría que "no se disponga de suficientes instalaciones hospitalarias apropiadas y material como respiradores o que no sean capaces de adquirir material adecuado de protección y que para solventarlo haya enfermeras y enfermeros que estén supliendo esa escasez de recursos con medios de protección de elaboración doméstica que, en ocasiones, les está regalando la propia ciudadanía".