Los inquilinos del centro de negocios del Casino Gaditano, que se integran en la asociación Pozo de la Jara, ha vuelto a cargar contra el Ayuntamiento de Cádiz, que es el propietario del edificio, por la situación que vienen viviendo desde hace dos años. A ello se le ha unido lo que califican como "insidiosas y mezquinas declaraciones" del concejal de Patrimonio, Francisco Cano, en el último pleno municipal. En este sentido, Pozo de la Jara muestran su malestar porque dijera que, según la asociación, que los acuerdos de pleno "no son ejecutivos" y que cumplirlos "es un desbarajuste legal", que esta asociación "forma parte de una red clientelar" y que el proyecto de autogestión que presentaron hace unos meses a los arrendatarios "es burgués y sospechoso".

La asociación recuerda que el pleno aprobó por mayoría el 25 de septiembre del pasado año "que la tercera planta del edificio sea cedido a esta asociación para mantener el empleo y la actividad económica" y recuerda que las delegaciones de Patrimonio y Fomento "son las que tienen desde hace dos años abandonados y en precario a los arrendatarios y al edificio en un estado deplorable de conservación".

Pozo de la Jara pide a Cano "respeto" y que no "desprecie a la comunidad de emprendedores". Así, lamentan que "cuando se carece de razones es muy fácil recurrir al insulto y a la descalificación". En este sentido le recuerdan que el artículo 51 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, que es la reguladora de las bases del régimen local "establece que los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos". Añaden que "es algo completamente legal y de práctica habitual y que existe una ordenanza municipal en vigor que permite la cesión temporal de locales municipales a entidades sin ánimo de lucro. Todos conocemos en la ciudad decenas de ejemplos de entidades culturales, asociaciones de todo tipo cuyos locales son cesiones municipales".

Esta asociación acusa a las delegaciones de Patrimonio y Fomento de que los están "maltratando, hostigando y ahogando en una clara estrategia de persecución y exterminio de la actividad económica del centro de negocios". Por ello, insisten en el argumento que ya han expresado en otras ocasiones de esta actitud "se asemeja a la de los asustaviejas tratando de conseguir, por la vía de los hechos, que los arrendatarios abandonen las instalaciones". Se trata, a su juicio, "de una persecución municipal premeditada, sin escrúpulos y al margen de la ley".

También dice sentirse indefensos cuando se les acusa de ser "una entidad sospechosa, burguesa y formar parte de una red clientelar". Así, afirma que Francisco Cano "avisa de su posición de poder para atacar a unos emprendedores que llevamos dos años con mucha paciencia soportando una situación indecente".

Asimismo, retan a Cano para que publique un listado de entidades beneficiarias y cesiones demaniales durante los mandatos de este gobierno "y así se compruebe quién fomenta realmente una red clientelar".

Acusa a Cano también de ser “benevolente con los amigos del alcalde” y para ello recuerda que el pasado 28 de noviembre “autorizó con su presencia la la grabación del programa de Canal Sur ‘Música para mis oídos’ grabado en el Casino y emitido el pasado 4 de enero de 2021 para beneficiar a un afamado autor de comparsa a la que perteneció el alcalde”. Así, añade que “sí permite que hagan negocios los amigos del alcalde y mientras, se le corta la luz a los emprendedores del mismo edificio”.

Pozo dela Jara hace varias preguntas, entre ellas a cuánto asciende el importe del contrato, si hubo licitación pública y si “incurre en un posible delito el señor Cano permitiendo una actividad económica en un espacio público sin que medie un procedimiento de contratación público”.