Al colectivo Calle Viva no le ha parecido suficiente que el equipo de Gobierno pretenda limitar la apertura de viviendas con fines turísticos (VFT) en zonas saturadas del casco histórico para seguir permitiéndola en otras que no lo están mediante modificaciones en el PGOU, tal y como adelantó a este periódico el concejal de Urbanismo Martín Vila.

En un comunicado difundido ayer, la asociación vuelve a exigir el “crecimiento cero” de estos establecimientos cuya proliferación está disparando el precio de los alquileres residenciales y “expulsando a los gaditanos de la ciudad”. “Ni una vivienda más para alquiler turístico hasta que todos los gaditanos tengan acceso a un alquiler asequible y digno”, dicen. Calle Viva demanda la contratación de personal “que inspeccione, sancione y cierre” las que no se ajusten a los “escasos requisitos” que exige la Junta de Andalucía.

Además, la plataforma plantea el fomento a medio plazo “de otro tipo de alojamientos turísticos más intensivos en empleo adaptados a distintos tipos de renta y necesidades (hoteles, hostales, albergues…) hasta que unos índices de ocupación y demanda turística sostenibles lo permitan”.

Reprueban que PSOE, PP y C’s no les hayan escuchado y valoran que Adelante y Alter, sí

El colectivo critica la “indefinición” de todos los partidos políticos respecto a este asunto a lo largo de toda la campaña electoral. Valora que tanto Adelante Cádiz como Alternativa Republicana (Alter) se hayan reunido con ellos para escuchar sus propuestas, pero “afea” al PSOE, al PP y a Ciudadanos que no lo hayan hecho.

“Si bien todos coinciden en la necesidad de una regulación, destaca la indefinición, contradicción y ausencia de objetivos concretos”, argumentan. “¿Regular para frenar el crecimiento de VFTs o para que sigan extendiéndose?”, se preguntan. “Desde Calle Viva, como vecinos expulsados, afectados por los problemas de convivencia con alquileres turísticos, o como jóvenes que no pueden acceder a su primera vivienda, defendemos claramente lo primero. Las propuestas que pretendan conciliar el negocio de las VFT en Cádiz con el derecho a la vivienda son incoherentes”, concluyen.

6.000 demandantes de vivienda y 1.077 VFT

La plataforma ciudadana recuerda que actualmente existen en Cádiz 1.077 viviendas con fines turísticos, “sin contar las ilegales, ni los apartamentos turísticos (AT) que ocupan bloques enteros”. Entre 2016y 2017 se registraron 503, y solo el año pasado se añadieron 406 más. “Se trata de un crecimiento alarmante y vertiginoso. En una ciudad con más de 6.000 demandantes de vivienda, que no tiene suelo para crecer, y dónde el 20,75% de los pisos están vacíos, son segunda residencia, VFT o AT, el descenso de la oferta de vivienda para alquiler residencial en favor del turístico provoca un aumento de los precios de alquiler”, explican.

“No solo hay menos viviendas para alquilar, sino que las que hay son más caras”, alertan. “Esto agrava a su vez la expulsión de los gaditanos y gaditanas de su ciudad. Un ejemplo de ello es que ciudades de la Bahía de Cádiz con tasas de desempleo similares a las de la capital no pierden población como sí lo hace Cádiz”. añaden. Para concluir que “la despoblación genera a su vez pérdida de ingresos, empleo y servicios públicos, como por ejemplo el cierre de líneas en los centros educativos gaditanos”. Hasta el punto de que hablan de "la emergencia habitacional, poblacional y laboral que padece la ciudad”.

Afecta a toda la ciudad y genera problemas de convivencia

Por tanto, las viviendas turísticas “son un problema que afecta a toda la ciudad y no solo a las fincas o barrios del centro, dónde se concentra el mayor número” . Por último apuntan que “los gaditanos se ven obligados a convivir con viviendas turísticas que en numerosos casos alteran la convivencia, como por ejemplo han denunciado las vecinas de la calle Rosario Cepeda”.

El equipo de Gobierno está a la espera del diagnóstico técnico de una consultora que deberá aportar en las próximas semanas soluciones a partir de los encuentros mantenidos por los responsables de Urbanismo en el marco del Observatorio de la Vivienda con los diferentes colectivos y sectores implicados, dijo Martín Vila.