El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz va a encomendar a la empresa municipal de aparcamientos EMASA la ejecución del proyecto de construcción del estacionamiento subterráneo y de la parte superior del equipamiento deportivo previsto en el solar del antiguo pabellón Fernando Portillo.

En la mañana de ayer se celebró la mesa de contratación a la que no se ha presentado ninguna oferta para la ejecución de este proyecto, quedando por tanto desierto. Al parecer, según se explica desde el Ayuntamiento, "empresas en un principio interesadas para llevar a cabo este proyecto han desistido ante el evidente abandono por parte de la Junta de Andalucía de la construcción de la Ciudad de la Justicia en el solar de la antigua Institución Provincial, situado justo al lado del Portillo".

El gobierno local aseguraba ayer que las empresas consideran que "si no hay Ciudad de la Justicia en esta zona, es inviable un aparcamiento en rotación, por lo que se optará por la construcción de un parking destinado a residentes".

El equipo de gobierno consideró por otro lado que "es un despropósito que el Gobierno andaluz, que lleva años anunciando a bombo y platillo una Ciudad de la Justicia que nunca llega, ahora se descuelgue proponiendo que este proyecto se traslade a la entrada del municipio en los terrenos de la antigua factoría de Altadis". Añadiendo que "con esta propuesta demuestran el nulo interés que tiene la Junta de Andalucía por llevar a cabo este proyecto tan necesario para la ciudad de Cádiz".

Ante esta situación "desde el Ayuntamiento de Cádiz no podemos esperar más y queremos que el proyecto de construcción tanto del aparcamiento subterráneo como del equipamiento deportivo comience lo antes posible y por ello vamos a encomendar a EMASA la ejecución de este proyecto en su totalidad". El aparcamiento será para residentes de la zona y no se descarta que contenga trasteros.

El pago de 1,2 millones de euros a la empresa San Miguel Promotora Andaluza por la resolución del contrato primitivo, un acuerdo indemnizatorio decretado por el Consejo Consultivo de Andalucía, permitió al Ayuntamiento desbloquear una obra que acumula ya cinco años de retraso, paralizada por los problemas económicos de la constructora.