Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz mantendrá a Acciona como adjudicataria de la limpieza

Un vehículo del servicio de limpieza baldea en la avenida del Puerto.

Un vehículo del servicio de limpieza baldea en la avenida del Puerto. / Julio González

El proceso de adjudicación del nuevo contrato de limpieza sigue encallado en el mismo punto. Las posiciones de los técnicos del Ayuntamiento y del Tribunal de Contratación Pública de la Diputación, que en marzo dio la razón a las tesis defendidas por Cointer, siguen inamovibles y, por tanto, diametralmente opuestas. Y si en marzo el tribunal tumbaba la adjudicación a Acciona y hablaba en repetidas ocasiones de “errores manifiestos” por parte de los técnicos municipales, éstos se reafirman ahora en sus consideraciones y conclusiones, asegurando que los errores provienen de Cointer y del Tribunal de Contratación.

De este modo, el equipo de gobierno ha convocado para este jueves 12 de mayo la mesa de contratación, en la que se presentará un nuevo informe de Medio Ambiente que concluye manteniendo la propuesta de excluir la oferta de Cointer, por lo que previsiblemente se adjudicará nuevamente el contrato de limpieza a Acciona.

Los técnicos del área de Medio Ambiente han culminado ya el último -por ahora- de los informes relativos al nuevo contrato de limpieza y a la oferta de Cointer que en primer lugar fue dada como adjudicataria y posteriormente fue rechazada y excluida del proceso. Y el documento, al que ha tenido acceso este periódico, defiende el trabajo realizado por los técnicos asegurando que el informe pericial que encargó Cointer cuando su oferta fue rechazada “contiene errores manifiestos que han sido asumidos por el Tribunal de Contratación y que han podido tener repercusión en la resolución del recurso” que obligaba a retrotraer el proceso nuevamente al punto en el que se estudia la justificación de la oferta de Cointer.

“La resolución afirma que el informe del Área de Medio Ambiente de fecha 22 de septiembre de 2021, contiene errores manifiestos. Los autores del presente informe, demostrarán a lo largo del mismo que esta afirmación no es cierta, y que por tanto se reafirman en las conclusiones de su anterior informe”, insisten los técnicos de Medio Ambiente, que mantienen de esta forma tan rotunda sus consideraciones respecto a la inviabilidad de la oferta de Cointer.

Tres son los criterios principales donde hay diferencias entre lo defendido por el Ayuntamiento y por Cointer. En primer lugar, respecto a las jornadas de trabajo, en las que los técnicos insisten en que hay un desfase de 811 jornadas entre la oferta de Cointer y su posterior valoración económica; en segundo lugar, se insiste también en la tasación económica que se hace para contabilizar esas jornadas; y por último, también mantiene el área de Medio Ambiente su posición respecto a las jornadas bonificables con las que Cointer defiende un ahorro económico que niegan los técnicos.

Todo ello conlleva que la oferta de Cointer “presenta un déficit anual mínimo de 116.866,58 euros, que acumulado a los 10 años de ejecución del contrato, alcanzaría la cifra de 1.168.665,80 euros”, tal y como defiende el Ayuntamiento. Déficit anual que superaría a la partida presupuestada por Cointer como beneficio industrial (138.137,85 euros); de modo que el contrato “se considera de muy difícil ejecución desde el punto de vista técnico y económico”.

“Los técnicos redactores del presente informe, tras un nuevo estudio detallado de la oferta presentada por Cointer y sus posteriores justificaciones, han llegado nuevamente al convencimiento de que la oferta no es viable. Las justificaciones aportadas por esta entidad no explican satisfactoriamente el bajo nivel de los costes propuestos y se fundamentan en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, que no garantizan de forma adecuada la ejecución de este contrato”, concluyen desde Medio Ambiente, que mantiene de esta forma su posición contraria a la oferta de Cointer y que aseguran que los equivocados no son ellos sino los peritos contratados en su día por Cointer y los miembros del Tribunal de Contratación de la Diputación.

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