La plataforma, “OPE de castigo”, de médicos y médicas especialistas afectados por los cambios repentinos e irregulares en la Oferta Pública de Empleo (OPE 18-21) presentará en breve una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su directora general de Personal, Carmen Bustamante, “por vulnerar sus derechos profesionales y los de los ciudadanos a la salud”, que entienden se ha puesto en peligro con las medidas adoptadas recientemente.

Toda la situación explota cuando el SAS oferta cientos de plazas publicadas en BOJA siguiendo el proceso habitual. Se abre el periodo de elección y a los pocos días (con gran parte de los opositores con su selección de plazas legal completada y registrada electronicamente) se modifica por completo el número de plazas y su destino (dejando sin plazas a los hospitales de referencia), siendo anestesia, radiodiagnóstico, nefrología y rehabilitación las especialidades afectadas por un BOJA con el número final y mermado de plazas que no satisface a nadie. “Parace que la administración está actuando contra sus propias actuaciones”, aseveran los especialistas. Además, ésta propuesta del SAS no soluciona la contradictoria existencia de decenas de traslados que se han quedado sin el mismo por una supuesta falta de plazas en la OPE 18-21 que se ha visto que sí existen.

Anestesistas, radiólogos y rehabilitadores, creen que lo que ha hecho el SAS con la modificación pudiera ser "un abuso de poder". “Los actos administrativos tienen presunción de legitimidad y se presumen válidos, eso es una máxima del derecho administrativo. Pero ya hay unos derechos adquiridos en el instante que se firma electrónicamente la primera lista de solicitud de hospitales”, asevera uno de los coordinadores de la plataforma.

“Dejen de jugar a los dados con la vida familiar y profesional de los especialistas y por ende de los ciudadanos”

“El SAS como administración debería haber realizado una revisión de oficio de la publicación del BOJA del 10 de enero, pero no, hace una chapuza y publica en la página web una modificación sin haberla publicado en el BOJA, continúa haciendo referencia al cambio de la lista de las 248 plazas disponibles el 10 de enero en el caso de anestesia y que una semana después pasaron a ser 98 en un aviso irregular en la web del SAS y sin ratificación oficial”. Esta diferencia de oferta inicial de plazas y su posterior recorte sin aviso ha ocurrido con otros profesionales que también han reclamado oficialmente como son los radiólogos y rehabilitadores. “Ahora hay profesionales que cuando va a hacer su elección se encuentran un formulario electrónico que no tiene base en ningún BOJA, y aunque la tuviera, choca frontalmente con el anterior”.

Creen que deben ir a juicio y que “tiene bastante recorrido la demanda, porque con tu petición firmada electrónicamente se han adquirido unos derechos que choca con el nuevo acto de la administración. Además de las plazas que salieron a concurso de traslado, que sobraron y que misteriosamente han desaparecido previo a todo este dislate”

“Cuando un profesional cualificado hace una reclamación formal no se limita a opinar, hace un análisis de riesgo en un documento oficial y eso tiene implicaciones legales”

La plataforma de profesionales “OPE de castigo” aglutina a centenares de especialistas que han reclamado que en primer lugar los traslados se resuelvan con un concurso extraordinario en el que se oferten todos los destinos publicados a principios de enero, después elijan los aprobados en la OPE 18-21, en tercer lugar los que salgan de la OPE extraordinaria por concurso de méritos 2023 y por último, los que superen la OPE extraordinaria por concurso oposición 2023.

Aseguran que la decisión firmada en BOJA por Carmen Bustamante puede ocasionar una falta de cobertura en puestos asistenciales con graves consecuencias para la salud de los ciudadanos al suponer posibles retrasos en el diagnóstico y tratamiento de numerosas patologías. Finaliza unos de sus coordinadores diciendo que “cuando un profesional cualificado hace una reclamación formal, no se limita a opinar, hace un análisis de riesgo en un documento oficial y eso tiene implicaciones legales”.

Otras especialidades como ginecología, otorrinolaringología, cirugía general y traumatología están contactando con la plataforma para sumar esfuerzos y reclamar que salgan a concursos todos los destinos reales disponibles y “dejen de jugar a los dados con la vida familiar y profesional de los especialistas y por extensión de los ciudadanos.”