El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, habló ayer en Cádiz de las iniciativas que algunos ayuntamientos están poniendo en marcha para cobrar el IBI a las propiedades de la Iglesia. A preguntas de los periodistas, Rouco aclaró en primer lugar que la institución religiosa no tiene "ningún derecho especial" con respecto a estos impuestos y que actúa conforme a la "legislación general" que limita la norma a aquellos edificios religiosos dedicados "al culto y a la actividad pastoral de forma estricta" y que también exime del pago del IBI a otras organizaciones sin ánimo de lucro "incluso los sindicatos o partidos políticos".

Y dicho esto, expuso que en caso de que se produzca un cambio en la actual legislación y la Iglesia tuviera que hacer frente al impuesto objeto de polémica y debate actualmente, lo haría "aunque en nuestro caso iría en detrimento de otras posibles acciones", comentando como una de ellas la que realiza socialmente por medio de Cáritas.

Estas declaraciones enlazaban perfectamente con la misión que Rouco tenía ayer en Cádiz: pronunciar una conferencia sobre las relaciones Iglesia-Estado en la Constitución de 1812. Una conferencia que impartió en el Oratorio de San Felipe Neri dentro del programa del simposio de Historia de la Iglesia que se celebró ayer. Y en su disertación, el cardenal afirmó que el texto que ha cumplido doscientos años no supuso una novedad con respecto a la relación de la Iglesia con el Estado. Es decir, que fue una constitución "conservadora" en este sentido, puesto que "continua la relación regalista que había madurado" previamente, sin reconocer la libertad religiosa. De hecho, Rouco afirmó que no será hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 cuando la religión comienza a entenderse como un derecho fundamental de la persona. No obstante, indicó que cuando se cuestiona la noción de la categoría de persona, "también el derecho a la libertad religiosa se viene abajo", preguntándose "hasta dónde llega la soberanía política" y si "el Estado lo puede todo", llegando incluso "a cambiar derechos fundamentales o a crear otros".

Al hilo de estas relaciones entre el Estado y la Iglesia, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, afirmó en la conclusión del simposio que ambas instituciones deben prestarse "una colaboración pacífica porque ambas están al servicio de los hombres y la sociedad". Para ello, Asenjo dijo que el Estado "debe respetar la libertad religiosa" dejando un espacio de actuación para la Iglesia, entendiendo que lo contrario sería "un atentado a los derechos fundamentales del hombre"; y al mismo tiempo la Iglesia "no le compete valorar programas políticos ni fórmulas políticas".

Como dijo Rouco ayer en el Oratorio, las relaciones entre la Iglesia y el Estado sigue siendo hoy en día "una gran cuestión".