Gestionar un circuito de velocidad parece que no resulta demasiado rentable. Al menos, esa es la imagen que José Ramón García Pérez, que durante muchos años estuvo al frente del trazado, quería reflejar de manera oficial en las cuentas de la empresa Gestión Circuito de Jerez SL, una sociedad que creó en 1996, poco meses antes de que Pedro Pacheco le traspasara la explotación de las instalaciones y de la que es socio y administrador único. Así lo reflejan las cuentas que presentaba en el Registro Mercantil donde declaraba pérdidas o ínfimos beneficios años tras años, y eso que oficialmente se apuntaba con insistencia que en el Gran Premio de Motociclismo, la principal cita del calendario deportivo del circuito, se superaban año a año las cifras de asistencia de espectadores, de promoción mediática y de repercusión en la economía de la zona. 

Sin embargo, García Pérez sostenía que no le veía color a efectos contables. En 2004, con la sociedad pública Circuito de Jerez SA (Cirjesa) en quiebra técnica por su abultada deuda, una situación que fue a peor en sucesivos años hasta acogerse a un concurso de acreedores en el que sigue inmersa, el PSOE alertó que se le había renovado el contrato de gestión del circuito a una empresa cuya situación financiera era más que deficitaria. Entonces, se dijo que en 2001 Gestión Circuito de Jerez SL presentó pérdidas por valor de 353.000 euros y en 2002 de 458.000 euros. Y todo ello a pesar de que a Cirjesa le correspondía abonar lo gordo de la fiesta motera, como eran las obras de remodelación que exigían los responsables del mundial de motociclismo -curiosamente, el mandamás de la GP, Carmelo Ezpeleta, es apoderado de esta sociedad desde 1999 y fue hasta 2003 consejero de Circuito de Jerez SA- y el canon anual por traer cada mes de mayo las pruebas a Jerez. Incluso, hasta las obras de mantenimiento del trazado iban por cuenta del servicio de infraestructuras del Ayuntamiento.

Pero, lejos de abandonar un negocio teóricamente deficitario cuando pudo hacerlo en 2003, suscribió una prórroga en la gestión de las instalaciones hasta diciembre de 2011. Y todo siguió como estaba. En 2008 declaró unos beneficios de 5.606 euros; en 2009 un positivo de 7.019 euros y en 2010 de apenas 5.794 euros. En cambio, en 2011, el último que gestionó el circuito, alegó que tuvo unas pérdidas de más de 1,4 millones de euros.

En las últimas cuatro cuentas presentadas, la sociedad sostiene que los ingresos de explotación fueron decayendo; así apunta que de los 5,4 millones obtenidos en 2008 se pasó a unos 3,7 millones en 2011 mientras que los gastos se mantuvieron en una horquilla comprendida entre los 4,7 y los 5,5 millones. En la memoria de la información presentada al Registro Mercantil no detalla las razones de este supuesto decrecimiento en las entradas de capital del circuito; en cambio, sí recoge  que, aunque logró reducir en este periodo su deuda financiera (de unos 621.000 euros pasó a 242.000 euros), creció exponencialmente la cuantía pendiente con los acreedores comerciales, es decir, con otras empresas -el adeudo superó los cuatro millones de euros, el triple que un año antes en el último año presentado-. Además, detalla que en los últimos ejercicios no repartió dividendos. 

Y, aunque las cuentas seguían en rojo y con un teórico negocio de dudosa rentabilidad, José Ramón García Pérez siguió gestionando el circuito en 2012, aunque a través de la sociedad Velocidad C Jerez SL, una firma que se constituyó en 2008, con domicilio social en el propio trazado y cuyo objeto social es la gestión y organización de eventos deportivos y la explotación de instalaciones deportivas. No obstante, el aterrizaje de García Pérez en esta sociedad no ocurrió, según aparece en el Registro Mercantil, hasta febrero de 2012, es decir, cuando la firma ya había suscrito el acuerdo con Cirjesa para gestionar durante ese semestre el circuito. 

Esta empresa aún no ha presentado las cuentas correspondientes a ese año, ni tampoco las correspondientes a Gestión Circuito de Jerez SL, que en años anteriores si presentaba con cierta puntualidad. Pero a esto se le añade que ambas sociedades, por sus características, no tienen que ser auditadas por una empresa independiente. La Ley de Sociedades establece esta obligatoriedad es para aquellas firmas que tengan un activo de más de 2,8 millones de euros; una cifra de negocios de 5,7 millones y una plantilla de más de 50 trabajadores. Ninguna de las dos sociedades del ex director del circuito cumplen con estos requisitos.