Uno de cada seis trabajadores de la sanidad andaluza ha sufrido alguna agresión física o verbal durante su desempeño profesional. Esa es la rotunda conclusión de un estudio de CCOO que analiza los datos desde 2007 –prácticamente desde que comenzaron a contabilizarse– hasta 2022. Pero incluso desde la central sindical se advierte que el porcentaje es aún mayor porque las estadísticas sólo pueden contabilizar aquellos incidentes que han sido registrados. De modo que lo que no se denuncia, no existe en el Registro Informatizado de Agresiones (RIAC). Por ello, sindicatos y colegios profesionales siempre recalcan que las estadísticas sólo son la punta del iceberg.

El RIAC comenzó a funcionar en 2005. Según el análisis de CCOO, desde 2007 a 2022, ambos años inclusive, se registraron 16.509 agresiones totales en Andalucía. CCOO toma como referencia el censo de las elecciones sindicales de febrero de 2019, cuando había en la comunidad autónoma 102.190 trabajadores. Por ello concluye que en ese periodo, el 16,15% de la plantilla del sistema público de salud ha sufrido alguna agresión física o verbal. La proporción más alta se registra en la provincia de Málaga donde se llega al 20,60%; le siguen Huelva (20,38%), Córdoba (19,10%), Jaén (17,84%), Sevilla (16,77%), Almería (14,16%), Cádiz (13,04%) y Granada (9,08%).

De las agresiones totales registradas en Andalucía en el periodo objeto de estudio, 3.514 fueron físicas (21,28%) y 12.962 verbales. El dato supone que una de cada cuatro agresiones que se registran es física. Los datos del informe confirman que las agresiones físicas han vuelto a niveles de 2018, con 3,04 por cada 100.000 habitantes. Con respecto a 2021 las agresiones físicas se han incrementado un 12,6%. Destacan especialmente los datos de la provincia de Málaga, donde se alcanza el mayor números de agresiones físicas de la comunidad, 62, a pesar de no ser la provincia más poblada y Granada, donde se alcanzan las 4,34 agresiones por 100.000 habitantes siendo la provincia donde el número de agresiones físicas es relativamente mayor.

Las agresiones no físicas han aumentado un 26,28% en un año, con cifras similares a las de 2018, con cifras en Huelva, Jaén, Cádiz y Córdoba muy por encima de la media. En el total de las agresiones es en Almería y Málaga es donde más han aumentado, más de un 40% respecto al año anterior, son también significativas las cifras de Cádiz, donde crecen un 32,14% y en Sevilla donde lo hacen un 25,62%.

Los lugares donde más agresiones se producen en Atención primaria son en la consulta médica, 27,72%; admisión, 23,63%; urgencias,15,56%; y en la consulta de enfermería, un 11,35%, hay que señalar que un 4,09% de las agresiones se producen en el domicilio del paciente. Sin embargo, en atención hospitalaria son más frecuentes las agresiones en la habitación del paciente (28,79%) y en urgencias (21,60%).

Del total de 1.494 agresiones a profesionales el 71,29% es hacia mujeres y el 28,71%, cifras que están en proporción con el porcentaje de trabajadoras y trabajadores, un 72,15% y un 27,85% respectivamente. En relación a los grupos profesionales encontramos que el 78,38% de las agresiones son contra personal sanitario y el 21,62% a personal no sanitarios, las cifras aproximadas de personal sanitario es del 75% y de personal no sanitarios del 25% de los puestos básicos del SAS.

Profesionales explican que seguramente en este cálculo haya un margen de error dado que estas últimas son las que más se denuncian, mientras que los insultos, las amenazas, las presiones y otras formas de violencia no física son las que menos. Por lo tanto, las que no están tan bien contabilizadas.

Por ello son varios los sindicatos que piden la revisión del Plan de Agresiones de Andalucía. “Si los resultados no cambian y año tras año aumentan, sin duda hay que revisarlo”, defiende el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez. Y añade que “la agresividad en los centros cada vez es mayor. Rara es la semana en que no se denuncia un caso y eso porque la mayoría de las agresiones verbales permanecen en silencio”.

Antonio Macías, responsable autonómico de Sanidad de UGT, explica que el Plan se revisa constantemente en los órganos que existen tanto a nivel regional como de cada centro. “Pero hay que mejorarlo”, reconoce. Insiste en que además, la Administración debe “evitar la saturación” del sistema porque la falta de personal, las listas de espera y las horas aguardando asistencia son “el caldo de cultivo en el que se cocinan las agresiones”. Aunque recalca que un ataque verbal o físico nunca está justificado, advierte que “el aumento de la saturación asistencial influye negativamente en la crispación”.

El representante de Sanidad de CCOO, Juan Carlos Navas, también aboga por revisar el Plan de Agresiones e indica que se ha presentado un escrito a Servicios Centrales del SAS para que convoque a la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales para abordar esta problemática. Confía en que el encuentro tenga lugar pronto, a la vuelta de las vacaciones. Ante los datos “aplastantes”, urge a un cambio del Código Penal para un endurecimiento de las penas así como un régimen administrativo sancionador con “multas proporcionadas al daño causado”.  Desde CCOO se sostiene que estas últimas penas tendrían un “interesante efecto disuasorio”. También se reclama la cobertura del 100% de la plantilla y vigilantes de seguridad en los centros.

El Sindicato Médico también cree que hay que revisar el Plan. Su presidente, Antonio Martín, comparte la idea de sanciones administrativas a manera de multas “porque si no los agresores se van de rositas”. Pero cree que deben impulsarse las medidas preventivas para evitar la agresión. Por su parte, sindicatos y profesionales inciden en que también deben perseguirse el insulto, las amenazas y la descalificación de los profesionales en las redes sociales. Según el informe de CCOO, “van en aumento porque les crean sensación de impunidad”.