El delicado estado de salud de Tomás Pérez-Sauquillo, presidente y hombre fuerte de Invercaria durante muchos años, ha obligado a suspender un nuevo juicio de la macrocausa centrada en las ayudas que concedió esa sociedad pública de capital riesgo. La pieza separada que iba a ser juzgada a partir de este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla es la relativa a la empresa jiennense Electronic Devices Manufacturer (EDM), que se benefició de créditos participativos por un importe total de 1,18 millones de euros.

La suspensión del juicio, que de momento se queda sin nueva fecha de señalamiento, se ha producido a instancias del abogado de Pérez-Sauquillo, quien ha explicado que el otrora presidente de Invercaria está ingresado en un hospital de Madrid y pendiente de ser operado tanto de la próstata como del corazón. "No sabemos si será intervenido en un día, una semana o dos meses", ha señalado el letrado.

Ninguna de las partes se ha opuesto a esa petición, desde la Fiscalía Anticorrupción a las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP y las defensas de los otros cuatro acusados. Eso sí, además de aprobar el aplazamiento, la mayoría han renunciado a que comparezcan varios testigos e incluso algunos peritos, entre ellos dos interventoras de la Cámara de Cuentas.

En vista de que había "razones médicas evidentes" para no celebrar el juicio, la presidenta del tribunal ha declarado que no tenía "más remedio" que acordar la suspensión, ya que la presencia del acusado en la sala era obligatoria al enfrentarse a peticiones de penas de más de dos años de cárcel. El señalamiento con la nueva fecha, ha añadido la magistrada, se producirá "en función de la evolución" de Pérez-Sauquillo.

En esta pieza, además de Pérez-Sauquillo, están encausados un consejero de Invercaria, Bienvenido Martínez, y tres representantes de EDM. Anticorrupción pide seis años de cárcel y quince de inhabilitación absoluta por malversación y otros diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación para cada uno de los antiguos responsables de la sociedad pública.

En cuanto a los empresarios, la Fiscalía reclama dos años y medio de prisión y cinco de inhabilitación absoluta por la supuesta malversación y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la presunta prevaricación.

El Ministerio Público también pide que los cinco acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed SCR, sociedad heredera de Invercaria, con 1.368.954,98 euros.