La Junta estudia crear un protocolo para menores víctimas de violencia machista

La Consejería de Justicia de la Junta andaluza se ha comprometido a desarrollar un protocolo específico para mejorar la intervención en casos de violencia vicaria y proteger a menores víctimas de violencia de género. Esta iniciativa surge tras aceptar una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, motivada por el trágico asesinato de dos niñas de 2 y 4 años en Abla (Almería) a manos de su padre en marzo de 2024.

Según ha comunicado la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, el organismo estudiará esta herramienta con el objetivo de establecer una coordinación más eficaz entre organismos dependientes de la administración autonómica que participen en estos procesos. El fin último es reforzar la protección de un colectivo especialmente vulnerable como son los menores expuestos a situaciones de violencia machista.

La decisión responde directamente a una sugerencia elevada por Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, quien analizó profundamente las deficiencias detectadas en el caso almeriense. El crimen, ocurrido hace poco más de un año, reveló graves fallos en la valoración del riesgo y en el seguimiento de las medidas de protección, según constató la institución.

Las brechas en el sistema de protección

Aunque la Junta ha recordado en su respuesta que ya existen herramientas como el Protocolo para evitar la victimación secundaria en menores afectados por violencia machista (vigente desde 2021), y que los Puntos de Encuentro Familiar tienen capacidad para suspender visitas cuando detectan situaciones de riesgo, la administración ha reconocido la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación mediante este nuevo estudio específico.

La investigación del Defensor reveló que, en el caso de las pequeñas Elisa y Larisa, se produjo una progresiva relajación de las medidas de protección. Inicialmente, el juzgado de instrucción había ordenado una medida de alejamiento del padre respecto a la madre, con dispositivo electrónico de seguimiento y prohibición de contacto con las niñas.

Un sistema que falló a las víctimas

La madre y las menores fueron acogidas primero en un centro de emergencias en Almería y posteriormente en una casa de acogida en Granada. Sin embargo, de forma paralela se tramitó un procedimiento civil para determinar la guarda y custodia, estableciéndose un régimen de visitas supervisadas en el Punto de Encuentro Familiar tras un acuerdo entre ambos progenitores. Posteriormente, a solicitud de la madre -a quien el Defensor describe como una víctima en situación de "extrema vulnerabilidad" y sin red de apoyo-, se modificó el régimen para eliminar la intermediación del PEF. Esta decisión dejó a las niñas "absolutamente a merced" del padre y "desprotegidas", precisamente cuando se aproximaba la fecha del juicio por violencia machista.

La respuesta de las instituciones

La Fiscalía de Almería, en su informe enviado a la institución del Defensor, advirtió sobre un "cierto automatismo" en la homologación judicial de acuerdos en procedimientos de familia, incluso cuando uno de los progenitores está siendo investigado por violencia de género. El ministerio público coincidió en la necesidad de evaluar siempre la relación paternofilial y las circunstancias específicas de cada caso. El funeral de las pequeñas Elisa y Larisa, celebrado el 20 de marzo de 2024 en Abla, congregó a numerosos vecinos y autoridades, generando una ola de indignación y múltiples manifestaciones de repulsa contra la violencia vicaria, esa forma extrema de violencia machista que utiliza a los hijos como instrumento para causar el mayor daño posible a la madre.