primer año de mandato 3 El balance de las políticas

La débil red de las políticas sociales

  • La Junta no ha eliminado las prestaciones en educación y en sanidad, pero los ajustes también se notan en las áreas estrella de este Gobierno

Las políticas sociales, la educación y la sanidad han sido los elementos de distinción del Gobierno andaluz respecto al resto de España, pero, aun así, también han sufrido recortes. En Educación, el plan de ajuste se recondujo para evitar echar a 8.000 interinos, aunque salieron la mitad. La prestaciones por libro, comedores y aulas matinales no ha desaparecido. Pero no todo es blanco en estas tres importantes áreas. La dependencia está cada día en mayor peligro y en los hospitales se nota la austeridad. La Junta ha tenido un claro enfrentamiento con las políticas del PP, en especial por sus reticencias a subastar los medicamentos y en forzar una ley educativa que, según la Junta, guarda una clara intencionalidad política.

Educación

Si ha habido tres características reseñables en el primer año del bipatirto andaluz en materia educativa, éstas han sido la guerra abierta con las patronales del sector en la concertación, la oposición a la Ley Orgánica para la Mejora en la Calidad de la Enseñanza (Lomce) presentada por el Gobierno central y la falta de liquidez que ha puesto en riesgo la continuidad de numerosos servicios educativos.

En estos 12 meses la cartera de Educación ha estado en manos de la socialista Mar Moreno, una consejera que repetía en este puesto tras estar un año ejerciendo como tal la pasada legislatura. Desde el primer momento se le veía segura en un ámbito ya conocido y en el que tuvo que batallar con diferentes agentes de la comunidad educativa, de ahí que tuviera bastantes cosas claras, entre ellas, su oposición a que se siguieran concertando aulas con alumnos de un único sexo. Las sentencias del Supremo amparando la postura de la Junta fue el aval perfecto para dar en verano un ultimátum a los 12 centros (de carácter religioso) que hasta febrero mantenían este modelo: o se convertían en mixtos o perdían la subvención. Sólo dos acataron la condición. El resto continúan siendo de educación diferenciada y ya han apelado a los tribunales. Por ahora, el TSJA no ha otorgado las medidas cautelares a los dos colegios de niñas que las Hermanas de la Cruz tienen en la provincia de Sevilla. En este asunto no parece que haya vuelta atrás, a no ser que se produzca un varapalo judicial.

Los problemas con la concertación no se han limitado a los centros que admiten a alumnos de un solo sexo. La Junta ha querido limitar el número de colegios privados que reciben subvención, para lo que se ha justificado en la bajada de la población en edad de escolarizar. Las patronales del sector, como Escuelas Católicas y CECE, ya han acudido a los tribunales y alertan de que tras esta maniobra -para el presente curso dejarán de concertarse 60 aulas- se encuentra la mano de IU, socio de gobierno, para hacer desaparecer a estos colegios de la oferta educativa pública en Andalucía, algo que, por otro lado, pondría en peligro la continuidad de muchas instituciones de enseñanza al ser imposible que los padres puedan costear una plaza privada.

La confrontación también se ha evidenciado en la férrea oposición de la Consejería de Educación al anteproyecto de la Lomce del Ministerio de Educación (cuya tramitación ha quedado varada esta semana) al considerarla "regresiva". Esta crítica se ha visto respaldada por la mayoría de los agentes de la comunidad educativa, un apego que no ha logrado en otras cuestiones, como la de los interinos, cuya colocación sigue siendo tema de debate. Lo que está claro es que Mar Moreno no quiere dar un paso definitivo en la normativa que regule dicho colectivo sin contar con el respaldo unánime de todos los sindicatos. Aún colea el rechazo al conocido como decreto 302, que primaba la clasificación en las oposiciones sobre los años de experiencia a la hora de que un interino ocupara plaza.

La falta de liquidez de esta Administración ha sido una losa en el primer año del bipatirto, lo que provocó paros parciales en las guarderías durante el pasado otoño al quedarse al borde de la asfixia económica. El temor entre los titulares de estos centros -la mayoría de convenio- y las empresas que gestionan otros servicios así como en los colegios concertados a que esta situación se reproduzca no ha desaparecido. Los atrasos en el pago también se han evidenciado en los institutos, en los que los padres se han visto obligados a realizar algunas obras ante la falta de dinero.

bienestar social

La raya roja infranqueable de las políticas sociales se difumina. Tampoco el Gobierno de coalición PSOE-IU se ha abstenido de aplicar recortes en las ayudas a los colectivos más vulnerables. El prólogo lo supuso la desaparición de una Consejería específica por decisión de Griñán, que delegó las competencias en Salud, una macroconsejería que aún está pendiente de ponerse al día. Si el Gobierno central ha dilapidado prestaciones, la Junta ha mirado para otro lado o ha metido también la tijera. Ha pasado en dependencia, donde hace meses que no entra un nuevo expediente. En el salario social, con retrasos de hasta un año. En los servicios sociales, que pasan de 42 a 33 millones. En las políticas de bienestar. Recortes que no casan con el discurso de "resistencia" a las políticas del Gobierno de Rajoy, culpable de todos los males. Las entidades sociales (las que han sobrevivido) están endeudadas por los impagos de la Administración. Han sido víctimas de que la red creada en época de bonanza estaba sustentada en ayudas públicas y ahora se caen sin que supongan una prioridad inversora para la Junta. El decreto presentado hace unas semanas (pese al autobombo), no deja de ser un parche, su dotación económica es una anécdota y ni siquiera se ha consultado a las entidades que trabajan a pie de calle. Postergada sine díe se encuentra la Renta Básica, una apuesta valiente y reclamada por quienes saben. Sobresale el polémico decreto ley de vivienda, que propone una solución a los desahucios y a las casas vacías, pero habrá que esperar teniendo en cuenta los antecedentes (ley de vivienda). Pero en Andalucía, con un 35% de paro y creciendo, la verdadera política social sería la creación de empleo.

sanidad

El SAS, bandera de las políticas de la Junta de Andalucía dibujada por los avances terapéuticos y logros de sus especialistas, ha terminado un año marcado por medidas polémicas, llenas de pérdidas y también de logros. Dos decretos andaluces que merman las condiciones laborales del personal sanitario, la transformación del mapa hospitalario que se plasma en la fusión de las especialidades, y dos huelgas indefinidas, han generado un gélido distanciamiento entre la Consejería de Salud y sus profesionales que, de nuevo, volverán a las calles, en protestas, a finales de mes. La disminución de los presupuestos en los últimos años está marcando la vida hospitalaria y sus efectos los palpan diariamente los pacientes y quienes los atienden. La ruptura del diálogo fluido entre los gestores hospitalarios y los trabajadores debilita uno de los bastiones de Andalucía, su sanidad pública, que ha sido reconocida como ejemplar en foros internacionales durante años.

Pero no todo han sido pérdidas. La Consejería de Salud ha dado pasos valientes al enfrentarse en múltiples ocasiones a medidas gubernamentales ante a las que María Jesús Montero se manifiesta claramente contraria. Esta lucha en Madrid se ha traducido en aciertos como es el mantenimiento de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. La Consejería de Salud se muestra contraria a limitar la asistencia a los inmigrantes en situación irregular a las Urgencias. El argumento es de peso: asistir a esta población es un asunto de salud pública.

Otra de las luchas abiertas es la subasta de medicamentos, un proyecto andaluz para lograr un importante ahorro farmacéutico que puede alcanzar los 200 millones de euros, que afronta el rechazo del Ministerio de Sanidad. Tres veces ha recurrido el Gobierno ante el Tribunal Constitucional la subasta de medicamentos promovida desde la Consejería de Salud. Esta pelea entre las administraciones continúa. La Junta de Andalucía no se da por vencida en el convencimiento de que el Gobierno trata de impedir la subasta de medicamentos para responder, de este modo, a peticiones del lobby de la industria farmacéutica. Un año de políticas sanitarias cargadas de luces y sombras que cada ciudadano percibe en las consultas.

Elena Cortés, consejera de Fomento de la Junta

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