Andalucía tiene obras hidráulicas pendientes por valor de 721 millones

Andalucía debería haber iniciado al menos diez grandes obras de regulación hidráulica en los últimos 17 años, según los proyectos que constan en la planificación hidrológica oficial. El mejor ejemplo de la situación en la que se encuentran es el de la presa de Alcolea en la provincia de Huelva, que comenzó y se paralizó cuando se encontraba al 23% de su ejecución. Hoy sigue pendiente de que la Junta y el Gobierno central firmen un convenio para que sea la administración autonómica la que se haga cargo de la conclusión de la misma, a pesar de que es competencia de la segunda. Ambas partes llegaron a un acuerdo para que fuera así y desde hace meses no han encontrado una fecha para rubricarlo. Sobre ella pende también la controversia sobre la calidad del agua. Depende quién lo diga; mientras unos defienden la idoneidad de la misma, para otros los sedimentos de la cuenca minera la hacen inviable.

Otro ejemplo. La desaladora del Bajo Almanzora en Almería fue destruida en 2012 como consecuencia de unas inundaciones. Todavía sigue sin ponerse en funcionamiento en una provincia que depende de esos recursos tanto para el abastecimiento humano como para el riego de sus cultivos.

Las últimas lluvias, lejos de apaciguar el debate sobre las infraestructuras relativas al mejor aprovechamiento de los recursos hídricos que, pese a que los embalses de la comunidad autónoma presentan niveles de capacidad por encima del 80% algo que no ocurría desde hacía años, siguen siendo escasos.

Según reconocían a este periódico desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), desde el año 2009, cuando entró en servicio la presa de La Breña II, no se ha completado ninguna nueva obra de regulación en Andalucía. Los proyectos aprobados en los planes hidrológicos vigentes llevan más de una década bloqueados, según denuncian sectores agrarios y expertos en gestión del agua. La falta de ejecución de estas infraestructuras estratégicas ha debilitado tanto la garantía de suministro como la capacidad de protección ante fenómenos meteorológicos extremos. Esta inacción “no solo ha debilitado la garantía de suministro de agua en un contexto de escasez hídrica estructural, sino que ha incrementado gravemente la vulnerabilidad del territorio frente a episodios de lluvias torrenciales y avenidas extraordinarias”. Feragua reconoce que “la situación hidrológica que atraviesa Andalucía no es fruto del azar, sino consecuencia directa de la falta de voluntad política en una actuación preventiva de inversiones en obras hidráulicas”.

Casos como la presa de San Calixto, incluida desde 2009 en el Plan Hidrológico del Guadalquivir y considerada estratégica para la prevención de inundaciones en Écija y Palma del Río, ilustran de forma especialmente clara las consecuencias de esta inacción. De haberse ejecutado, esta infraestructura habría contribuido de manera decisiva a laminar avenidas y reducir los daños provocados por las lluvias intensas registradas en los últimos años. Lo mismo puede afirmarse de otras presas previstas y nunca ejecutadas, como Velillos, Cerrada de la Puerta o Gibralmedina, así como de actuaciones de recrecimiento y modernización que habrían permitido una gestión más segura y eficiente de los recursos hídricos.

El total de obras pendientes acumulan una falta de inversión cifrada en el entorno de los 721 millones de euros, sin incluir la desalación. Entre ellas, la presa de la Coronada, con 126 millones de euros es la que mayor presupuesto tenía. Junto con la de Pedro Arco, también en la provincia de Huelva, constituyen un complemento al trasvase de agua a la zona del Condado, aprobado pero todavía en espera de su ejecución. La de Gibralmaedina todavía es incluso más cara; situada en el afluente del Guadiaro en Jimena, tendría una capacidad de almacenamiento de 45 hectómetros cúbicos para el Campo de Gibraltar; lo cierto es que las inundaciones vividas en la comarca, justifican más que sobradamente su puesta en funcionamiento.

Tal y como reconocía a este periódico la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín Valcárcel, en la actualidad “hay dos presas que están en nuestro plan que son Cerrada de la Puerta, que está en el límite de Jaén y Granada y está pendiente de licitación y la redacción del proyecto. Y luego hay otra que es la de San Calixto, entre Puente Genil y Écija, que se va a adjudicar. El resto de presas, no es que no queramos hacerlas, es que no se han visto más sitios viables en los que se puedan poner. Estamos en una cuenca ya muy regulada y no es tan fácil que se cumplan todos los criterios medioambientales”.

Cuando se acaba de terminar un episodio nunca visto de temporales e inundaciones en casi todos los puntos de la geografía andaluza, cabe recordar que los embalses cumplen una función estratégica en la laminación de avenidas y reducen los caudales punta en episodios de lluvias intensas. Los regantes recuerdan que “la ausencia de estas infraestructuras estratégicas ha dejado a amplias zonas rurales andaluzas expuestas a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Las lluvias torrenciales registradas recientemente en Andalucía han vuelto a demostrar que muchas de las presas previstas en la planificación hidrológica, de haber sido ejecutadas en tiempo y forma, habrían permitido amortiguar las avenidas, proteger cultivos, caminos rurales, infraestructuras agrarias y salvaguardar poblaciones especialmente vulnerables”.

La cartografía de las obras pendientes en la comunidad autónoma es un catálogo de falta de interés por poner en marcha las infraestructuras básicas que precisa en todos esos ámbitos la comunidad autónoma de Andalucía. Salvo la ya referida presa de Alcolea, el resto de las infraestructuras presenta un grado de ejecución prácticamente nulo. En muchos casos, la tramitación administrativa ni siquiera se ha iniciado. Las actuaciones más avanzadas se encuentran todavía en fase de redacción de proyecto y en todo caso su ejecución requiere entre diez y quince años.

Baste el ejemplo de las desaladoras en las que se precisa una importante inversión pública y que tienen su ejemplo más palmario en Almería y Málaga. Además de la ya referida del Bajo Almanzora, quedan por construirse (a pesar de que se han prometido en varias ocasiones) la planta desaladora Bajo Almanzora 2 y Carboneras 2, además de la planta desaladora de la Axarquía, que están paralizadas desde hace años por parte del Ministerio de Transición Ecológica y que fueron declaradas como de interés general del Estado.

Desde 2013 hasta los dos pasados ejercicios se administraba situaciones de sequía, traducidas en restricciones al regadío (este año, por fin los productores tendrán una campaña normal) y tensiones crecientes en el abastecimiento. Como contra punto el riesgo de inundaciones era extremo por la ausencia de infraestructuras capaces de regular los caudales, algo que en el último mes se ha comprobado en varios puntos de la comunidad autónoma.

Para los regantes “la inexistencia de embalses estratégicos y la paralización de los ya aprobados han convertido la planificación hidrológica en un ejercicio meramente teórico, incapaz de traducirse en una mejora real de la seguridad hídrica”. Según Feragua “no es tarde para evitar que esta situación se repita en el futuro. Con los instrumentos legales adecuados, y con voluntad política, en los próximos quince años podría ejecutarse gran parte de lo que no se ha hecho en los quince anteriores”.

Para ello ponen como ejemplo la experiencia de los gobiernos de Felipe González, en los que se impulsó la construcción de veinte grandes presas en Andalucía en apenas tres legislaturas, gracias a la Ley 6/1983 de medidas excepcionales contra la escasez hídrica, que declaró de interés general y urgente diez presas. Aquella política permitió aumentar la capacidad de almacenamiento en un 30% y dotó al territorio de una red de embalses que aún hoy sigue protegiendo a Andalucía tanto frente a la escasez como frente a las avenidas. Tres décadas después seguimos igual.