La Junta cobra ahora el IBI a sus pisos sociales porque no puede seguir pagándolo

La abundancia de presupuesto en los años de vacas gordas llevó a la Junta de Andalucía a pagar durante 13 años los gastos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a los inquilinos de sus viviendas sociales de la calle Neblí, junto a la avenida Luis Montoto de Nervión. La situación ha cambiado radicalmente con los recortes presupuestarios por la crisis económica y por exigencia del Gobierno central.

A preguntas de este periódico, a raíz de la denuncia política lanzada esta semana por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta aseguró ayer que ha empezado a exigir el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a estos vecinos por problemas presupuestarios y rechaza las razones políticas a las que alude Zoido. Obras Públicas alega que estos pagos se están reclamando ahora a los inquilinos de la calle Neblí "porque no hay dinero para seguir afrontándolos por cuestiones económicas debidas al recorte presupuestario".

La Consejería admite que ha estado nada menos que 13 años asumiendo el pago de estas cantidades correspondientes a viviendas de su propiedad y que es ahora cuando por primera vez exige formalmente a los vecinos que abonen este impuesto. Obras Públicas añade que está exigiendo el IBI a los inquilinos de su parque público de viviendas en los municipios cuyos ayuntamientos le reclaman este pago.

La administración andaluza no esta dispuesta a renunciar a este cobro pero sí promete revisar las cantidades. Los vecinos se han quejado de la disparidad de cantidades (de 349 euros a 1.083 euros) que se le exige a unos y otros pese a habitar viviendas de parecidas características. Sobre este punto, la consejería de Obras Públicas asegura que "revisará esas cantidades para ver si se ajustan a la realidad".

En su denuncia pública, Zoido sostuvo el lunes que la Junta exige ahora el IBI a los vecinos por el cambio de gobierno municipal que desalojó a PSOE e IU del Ayuntamiento. El alcalde visitó a los afectados para transmitirle su "ánimo" y "apoyo", y lamentó que la Junta exija, después de 13 años sin hacerlo, un pago que es una opción legal, pero nunca antes se había acometido. Según Zoido, es "la última posibilidad que habría que ejercer", dado el carácter social de los inmuebles y el escaso nivel adquisitivo de sus habitantes, "sobre todo cuando no se ha cumplido con las obligaciones anteriores".