Responsabilidades políticas generales o difusas -las de casi todo un Gobierno que funcionaba como una agregación de "departamentos estancos"- y directas, las centradas en la Consejería de Empleo, con sus nombres y apellidos. Ésa es la distinción que IU hace del caso de los ERE, y que ayer plasmó en su propuesta de dictamen para el resultado final de la comisión de investigación.

Para IU, el interventor general de la Junta Manuel Gómez debió de haber actuado de modo más contundente cuando detectó irregularidades en la forma de conceder ayudas a desempleados afectados por los ERE; la Consejería de Hacienda, dirigida entre 2001 y 2009, tanto por Magdalena Álvarez como por José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta, debieron atender a estos informes, así como los departamentos de Empleo y de Innovación. En total, las tres consejerías que recibieron el informe especial del interventor en 2005. Ésa son algunas de las conclusiones de IU, aunque la federación de izquierda se cuida mucho de citar por su nombre a estas personas para nombrar como responsables políticos "directos" o "máximos" a los ex altos cargos de la Consejería de Empleo, el departamento que en julio de 2001 ideó el sistema de ayudas a trabajadores y a empresas mediante un convenio que juzga como opaco.

Así, IU, impulsora de la comisión de investigación y ahora socio de Gobierno del PSOE en el Ejecutivo de Griñán, realiza una censura general al modo de actuar de la Junta en el caso de los ERE, pero sólo observa responsabilidades políticas directas en el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero; el viceconsejero, Agustín Barberá, y los ex consejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. De todos ellos, Viera es el único que no está imputado en el caso que instruye la juez Mercedes Alaya, mientras que Fernández y Guerrero han pasado por prisión. La propuesta de dictamen de IU carga una responsabilidad sustancial en la Intervención General de la Junta, cuyo titular en el tiempo estudiado (2001-2010) fue Manuel Gómez. IU entiende que, si bien no apreció un menoscabo de fondos públicos, sí debió elevar un informe de actuación -una suerte de línea roja que hubiera obligado a actuar al Consejo de Gobierno- al existir un riesgo potencial.

No hay dudas del señalamiento de IU al interventor cuando, en su propuesta, asegura: "Como afirma la Cámara de Cuentas, la ausencia de un informe de actuación puede deberse a que la Intervención no apreció tales circunstancias. Algo admirable, teniendo en cuenta la cantidad de anomalías que advierte en sus informes (....) Con tal motivo, la Intervención podía haber emitido el informe de actuación".

Los tres grupos políticos de la comisión -PP, PSOE e IU- entregaron ayer sus propuestas de dictamen; ahora deben ser consensuadas en varios puntos, y elevadas al Parlamento para que las apruebe el próximo 22 de noviembre. La importancia del dictamen de IU es que se sitúa a medio camino entre las del PP y el PSOE, de ahí que los populares pudieran coincidir con la federación de izquierdas para hacer valer unas conclusiones que suponen, en sí, una crítica generalizada al modo de actuar de los gobiernos socialistas desde el año 2001, presidido entonces por Manuel Chaves.

Para el PSOE, la única responsabilidad política directa se centra en la dirección general de Empleo y, en concreto, en Francisco Javier Guerrero, pero salva de citar a los ex consejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. El PP, por su parte, aprecia responsabilidades políticas directas en un total de 16 políticos de la Junta, incluido el ex presidente Manuel Chaves y el actual, José Antonio Griñán. La tesis del PP es que el convenio que firmaron en 2001 la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), dirigido entonces por José Antonio Viera y Antonio Fernández, respectivamente, se diseñó para evitar los controles de la Intervención, favorecer a allegados al PSOE, beneficiar a intermediarios y comisionistas, y todas las ayudas que de ello se derivan son ilegales y nulas de pleno derecho.

En realidad, IU no llega a tanto, a cuestionar la ilegalidad de las ayudas; de hecho, cree necesarias las que se concedieron a los trabajadores afectados por los ERE, pero sí coincide en la opacidad del sistema, y en la intención de favorecer a empresas cercanas al PSOE. El programa de ayudas, el 31L, constaba de rentas para ex trabajadores, pero también de fondos que iban a parar, directamente, a empresas. IU entiende que es "criticable" haber mezclado estos dos conceptos, y que ello llevó al clientelismo. "Para poder hacerlo -explica la propuesta de IU, en referencia a las ayudas a empresas -, no sólo no se ha actuado de forma transparente, sino que se ha buscado la opacidad en todo momento. Y la responsabilidad política estriba en haber gestionado las ayudas de forma opaca para poder resolver problemas de forma clientelar-personal. El clientelismo es una aberración intolerable puesto que es una privatización en práctica de la Administración".